Ortega fue reelecto con el 62,46% de los votos derribando todos los argumentos que cuestionaban la legalidad de su postulación

Consecuencias: el triunfo del sandinismo y la reelección del presidente Daniel Ortega ratifican la legitimidad jurídica e institucional de los comicios del 6 de noviembre. Estas son las primeras elecciones en las que se enfrenta desde el Gobierno a la extrema derecha en condiciones de paz. El 62,46% demuestra la potencia revolucionaria de la conciencia popular en Nicaragua. Acalladas las voces sobre fraude e irregularidades, asoman la fiabilidad y transparencia inéditas del proceso electoral. El autor es secretario adjunto de la Secretaría Internacional del Fsln.

 

Para medir el significado histórico de las elecciones presidenciales y parlamentarias que acaban de realizarse en Nicaragua es necesario comenzar por conocer su contexto jurídico-político, primer blanco de los ataques de la derecha en su ya fallido empeño por descalificar ese proceso electoral.

La derecha antisandinista cuestionó ante todo la legalidad de la candidatura presidencial del Comandante Daniel Ortega y la investidura de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral. Se basó en que la Constitución establece la prohibición de la reelección por dos períodos consecutivos. Otra disposición constitucional, que impide ser electo más de dos veces en el cargo de Presidente de la República, no es procedente en este caso porque la reforma que la estableció se hizo con posterioridad al primer período presidencial del actual jefe de Estado. De aplicarse esta norma se estaría violentando el principio de irretroactividad de la ley. La Corte Suprema de Justicia, ante un recurso interpuesto por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) tras el rechazo inicial de la candidatura de Daniel Ortega, dispuso que el artículo constitucional donde se establecen ambas prohibiciones es inaplicable.

 

El magistrado Francisco Rosales planteó, ante acompañantes internacionales del proceso electoral, que la inaplicabilidad de dicho artículo está basada doctrinariamente en el principio constitucional de la soberanía popular, según el cual una reforma legislativa que limite derechos constitucionales del soberano, que es el pueblo según la misma Constitución, solamente puede ser hecha directamente por éste mediante referendo o en Asamblea Constituyente.

 

El otro señalamiento de la oposición antisandinista respecto a lo que denuncia como la falta de legitimidad del proceso electoral, se basa en lo que considera como ilegalidad en el ejercicio de sus cargos, de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral, con el argumento de que su período expiró en fecha reciente y por tanto, la Asamblea Nacional debía haber elegido a sus sustitutos o a ellos mismos si fuera el caso, en los cargos que actualmente ocupan. Pero, ante la negativa de la Asamblea a elegir magistrados, el presidente Daniel Ortega decretó la prórroga en el ejercicio de sus cargos para los actuales magistrados, haciendo uso de facultades que la Constitución le confiere en aras de salvaguardar la estabilidad del país, amenazada con la no elección de magistrados y el consiguiente caos institucional, como forma de chantaje político ejercido por la oposición (con mayoría parlamentaria en la actualidad), cuyos diputados pretendían colocar como magistrados a personas políticamente afines a ellos.

 

La deslegitimación de las elecciones buscada por la derecha cae por sí misma, dado que inscribió sus candidatos ante esas autoridades cuya legitimidad cuestiona y compitió con el candidato al que acusa de ilegal.

 

Otro argumento de la derecha para descalificar el proceso electoral es la acusación al Fsln de utilizar la presencia de personas que le son afines en el Poder Electoral para manipular la entrega de las cédulas que sirven para votar. De ser cierta la desventaja resultante de la situación mencionada, la derecha no hubiese acudido a las elecciones, pues nadie va a una competencia sabiendo de antemano que va a perder por esa causa. Al comparar las elecciones presidenciales actuales con las anteriores, el aumento en la cantidad de ciudadanos que acudieron a votar se corresponde proporcionalmente con los índices históricos de crecimiento poblacional en nuestro país, esto sin mencionar la extrema flexibilidad legal que existe en Nicaragua en el uso de la cédula para el voto, válidas incluso las que están vencidas. El carácter falaz de los señalamientos de la derecha en contra del proceso electoral, quedó al descubierto cuando se comprobó que la inmensa mayoría de quienes se manifestaban en algunas ciudades del país reclamando sus cédulas, ya las tenían.

 

Fiabilidad y transparencia

En lo que concierne al proceso electoral en sí, debe señalarse que con una diferencia superior a 30 puntos porcentuales en unas elecciones donde todos los contendientes tienen fiscales, al menos en la gran mayoría de los lugares donde se ejerce el voto, es imposible que se proclame vencedor al que perdió y viceversa. Esto fue, por cierto, claramente señalado por el Jefe de Misión de la Unión Europea, Luis Yáñez, poco después de saberse los resultados preliminares, cuando agregó que, bajo ninguna circunstancia, cabía en estas elecciones el tan utilizado término de fraude.

 

Un argumento muy usado por los que quedaron segundos en contra del proceso electoral ha sido la ausencia de sus fiscales en algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV). En todas ellas sin embargo quedó claro, como consta en las correspondientes Actas de Constitución, que esos fiscales no se habían presentado a la hora en que se constituyó cada una de las JRV, circunstancia en la cual las normas establecidas impiden su presencia durante el resto del proceso electoral. Personalmente fui testigo de esta situación, junto a los acompañantes internacionales invitados por el Fsln.

 

Otro argumento que puso en cuestión el proceso de elecciones ha sido la entrega tardía de credenciales a los fiscales del Partido Liberal Independiente (PLI, que quedó en segundo lugar). Quienes usan este argumento no dicen que dicha agrupación cambió los nombres de miles de sus fiscales cuando las elecciones estaban a punto de realizarse. Esto obligó al Consejo Supremo Electoral a hacer esfuerzos extraordinarios, en un alarde de flexibilidad, para que los nuevos fiscales nombrados pudieran ser acreditados. En todo caso, esta situación no impidió que en la mayoría de JRV hubiera fiscales del Partido en cuestión.

 

El informe de los organismos internacionales acompañantes del proceso no desmiente nada de lo dicho aquí, sino que por el contrario, confirma buena parte de lo planteado. La derecha, a través de la manipulación mediática, se valió de declaraciones de organismos que señalaban casos aislados de irregularidad (a pesar de que éstos mismo afirmaran  que no había fraude y que los resultados electorales eran confiables), para calificar al proceso como fraudulento. Pero en todo caso, la legitimidad de las elecciones no proviene de organismo internacional alguno, sino de la participación popular, las autoridades competentes y la fiscalización de los partidos, cuya inconformidad genuina se manifiesta a través de las impugnaciones que, como ya se ha dicho fueron más escasas que nunca y por tanto, insuficientes para considerar que el proceso electoral fue fraudulento o que sus resultados son dudosos.

 

Por lo demás, sería verdaderamente extraño que además de haber fraude en las elecciones, todas las firmas encuestadoras se hubieran equivocado previamente de manera tal que sus resultados fueran confirmados por los de las elecciones fraudulentas.

 

Impacto político

Estas son las primeras elecciones en las que el sandinismo se enfrenta desde el gobierno a la extrema derecha en condiciones de paz, por lo cual ese 62,46% demuestra la potencia revolucionaria de la conciencia popular en Nicaragua.

 

En 1989, a punto de realizarse las elecciones presidenciales del año siguiente, el entonces Ejército Popular Sandinista puso los tanques frente a la embajada norteamericana en Nicaragua como correcta respuesta al cerco militar que las tropas interventoras en Panamá habían tendido sobre la embajada nicaragüense en ese país. Esto hizo que el Fsln bajara casi de inmediato, 10 puntos porcentuales en las encuestas, debido al miedo a una intervención directa de Estados Unidos en Nicaragua. Este porcentaje de la población votante es el mismo que en tres elecciones presidenciales sucesivas, con cinco años de intervalo entre ellas, se manifestó como la parte del pueblo que prefería votar por el Fsln pero no lo hacía porque su respaldo al sandinismo no era tanto como para pagar el costo de una confrontación con Estados Unidos, a diferencia del 40% con que siempre ha contado (puntos más o puntos menos) el Frente en lo que los encuestadores llaman el voto cautivo, que es en este caso el porcentaje del pueblo cuya identificación con el sandinismo es tal, que vota por el Fsln aun a riesgo de una guerra y un bloqueo económico.

 

Aquel 10% que a pesar de simpatizar con el Frente Sandinista no votaba por él, sino incluso en su contra, lo hacía porque tenía miedo debido a la campaña de la derecha en que se presentaba el triunfo sandinista como la posibilidad de que volviera la guerra, el servicio militar y el bloqueo económico al país. Ese miedo desapareció luego de que el Fsln volvió al gobierno en 2006 con un 38%, tras la división de la derecha.

 

Carlos Fonseca decía que los revolucionarios deben ser implacables en el combate y generosos en la victoria. La humildad, que también debe caracterizar a los revolucionarios, contribuye a esa generosidad. Esto no solamente es ético, sino inteligente desde el punto de vista político, pues aunque jurídicamente con la mayoría calificada obtenida en el Poder Legislativo el Fsln no está obligado a consensuar nada con nadie, políticamente es necesario hacerlo en aras de la estabilidad política que el país necesita para continuar avanzando en su transformación revolucionaria con la efectividad mostrada hasta ahora. El primero en hacer ver esto ha sido el propio Presidente reelecto y principal líder del sandinismo, el Comandante Daniel Ortega.

 

Los militantes del Fsln no irán ahora a burlarse de los que no son sandinistas o de los activistas de otros partidos, sino a compartir con todos sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos, independientemente de su color político, la alegría de saber que el pueblo nicaragüense ha decidido en libertad y de que, cuando se consolida la democracia, tal como ha ocurrido en Nicaragua con estas elecciones, los únicos perdedores son aquellos cuyos intereses se contradicen con los derechos de los demás, con el bien común y con la felicidad de todos.

 

Es necesario reconocer, además, que seguramente muchos nicaragüenses (que para efectos estadísticos estarían dentro del 10% aproximado de los votos sumados por la política social de los últimos cinco años) votaron por el Fsln aun estando en desacuerdo (equivocadamente o no) con algunas cosas que está haciendo el gobierno o con cosas que hace el Frente como partido, pero que consideraron una mejor opción votar por un gobierno que ha demostrado su capacidad de mejorar la vida de mucha gente, que no hacerlo o peor aún, hacerlo por tendencias políticas que habiendo gobernado antes, no han demostrado lo mismo, ni la intención de lograrlo. El Fsln debe establecer formas de trabajo que le permitan una comunicación con estos ciudadanos, a través de la cual pueda compartir su mensaje siendo capaz no solamente de persuadir, sino de escuchar y asumir errores, pero también debe ser suficientemente autocrítico para identificar fallas no necesariamente señaladas por aquellos que puedan tener desacuerdos con ciertas cosas o con la manera en que se hacen, y que puedan estar causando errores que sí son considerados como tales por ellos, o incluso otros errores que pueda estar cometiendo el Fsln y que sólo éste se encuentre en condiciones de detectar.

 

Y para terminar, una breve anécdota. Recientemente fui enviado, en razón del cargo que desempeño dentro del Fsln, a una actividad política en Santiago de Chile. En esa actividad se encontraba la madre de un combatiente internacionalista caído en combate defendiendo la Revolución Sandinista durante la guerra de los 1980 en Nicaragua; una anciana chilena que desde entonces había caído en depresión y no salía de su casa, razón por la cual no se le veía ni siquiera en los actos donde se recordaba a su hijo, pero participó en la actividad mencionada y cuando supo de la agradable sorpresa que ocasionó su presencia entre quienes la conocían y por primera vez la veían participando en algo así, explicó que sólo ahora, al saber que los sandinistas habían recibido el apoyo mayoritario del pueblo nicaragüense, le había vuelto a encontrar sentido a la muerte de su hijo.

 

Desde Managua