Marcha estudiantil convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile

Desafío: un recorrido por la región en general y varios países en particular muestra el déficit educativo, así como la respuesta diferente frente a ese desafío crucial. Mientras chilenos y colombianos resisten la ofensiva privatizadora de la enseñanza, a la defensa por el carácter público de la educación se le suma una pregunta central: ¿cuál es su valor en este presente histórico? Y otra más fundamental: ¿qué educación y qué pedagogía desarrollar? La debacle económica capitalista confiere al tema un valor decisivo: la educación es fundamental para cimentar un proceso de transformación social que se aleje del capitalismo y sea acompañado por las masas. La experiencia del Alba en esta materia es un consistente punto de partida para responder incógnitas y acometer la empresa. 

“Al mundo nuevo corresponde la Universidad nueva” decía José Martí en 1883. Y agregaba: “Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época, y la época. Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida”.

¿Qué educación corresponde a este tiempo histórico, signado por la crisis del sistema capitalista?

La respuesta de los defensores del capital ha sido, sobre todo desde la década de 1990, impulsar con fuerza políticas privatizadoras. Una oleada de luchas encabezada por el movimiento estudiantil chileno y la resistencia de la comunidad educativa de Colombia señala hoy el polo opuesto: rechazar el intento privatizador de la educación y su sometimiento a las leyes del mercado.

La defensa del carácter público de la educación tiene uno de sus máximos y más tempranos exponentes en Simón Rodríguez, maestro de Bolívar. Ya en 1834, el pedagogo venezolano se pronunció sobre esta cuestión a su manera: “Hacer negocio con la educación es... diga cada lector todo lo malo que pueda: ¡todavía le quedará mucho que decir!”.

Impedir el avance del capital sobre la educación es parte de una lucha que en Latinoamérica lleva más de un siglo. Pero ¿qué educación se busca defender y para qué? También Rodríguez delineó algunos puntos de partida en los primeros años de independencia de las naciones suramericanas: “Enseñen y tendrán quien sepa; eduquen y tendrán quien haga”. La educación como punto de partida para la acción y la transformación social: “Los conocimientos se dividen en teóricos y en prácticos; y la teórica no es sino el conjunto de preceptos dados por una experiencia consumada; teórica sin practica, es pura fantasía”. Práctica educativa a la que Simón Bolívar le imprimiría luego un fuerte carácter revolucionario desde sus escritos y su acción libertadora.

 

Renacimiento

Seis meses de masivas movilizaciones en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad en Chile. Tres de manifestaciones y paros universitarios en Colombia, en rechazo a una reforma educativa que promueve su privatización parcial. Aisladas protestas en distintos países de la región en reclamo de mayor presupuesto para garantizar este derecho fundamental.

El déficit educacional ha sido el principal disparador de movilizaciones en varias ciudades del continente durante los últimos meses, en elocuente coincidencia con la agudización de la crisis económica mundial, mientras la Unión Europea y Estados Unidos aplican planes de ajuste. Ante esta coyuntura la pregunta por el valor de la educación cobra más fuerza, aunque las dificultades que enfrenta son anteriores al estallido de la crisis económica.

Desde su óptica, la Internacional de la Educación, superestructura sindical que nominalmente nuclea a más de 29 millones de docentes de 348 organizaciones de todo el mundo, publicó un informe preliminar para su quinto Congreso mundial realizado en 2007. Titulada “Privatización encubierta de la educación pública” y realizada por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, la investigación concluyó que “en todo el mundo se están introduciendo formas de privatización de los sistemas de educación pública”. Tendencia que se expresa, de forma más o menos encubierta, bajo diferentes proyectos gubernamentales de “reformas educativas” o “modernizaciones”, cuyo fin no es otro que el de avanzar hacia una “orientación cada vez más basada en el mercado, competitiva y consumista”.

Esta ofensiva privatizadora, expresada de diferentes formas, provoca cambios profundos y repercute en “la manera en que se deciden y enseñan los planes de estudio, la manera en que se evalúan los resultados de los alumnos y, por último, la manera en que se juzga a los estudiantes, los profesores, los centros docentes y las comunidades locales”. Lo mismo ocurre con la formación, el desarrollo profesional y la condición laboral de los profesores.

En Latinoamérica, las políticas en materia educativa son muchas y diversas según cada país. Algunas tienen en su horizonte el socialismo; la mayoría, retroalimentar el sistema capitalista, con mayor o menor presencia del Estado.

Sea cual sea el caso, transformar y profundizar la educación es uno de los grandes desafíos de la región, ahora multiplicado por la irrupción de la crisis en los centros del capitalismo.

 

Cuba y Venezuela a la vanguardia

La tarea de la Revolución Cubana en materia de educación ha sido y es reconocida a nivel mundial. Cuba es el país con la mayor matrícula de estudiantes terciarios y universitarios del mundo en relación con su población. El 99% de los niños en edad escolar está en la escuela primaria, mientras que la totalidad de la población infantil asiste a la educación pre-primaria. Y, más importante aún, no hay deserciones: el 98% de los cubanos tiene al menos la educación primaria completa. Estas cifras, difundidas por la Unesco, no son casuales: Cuba invierte el 13,6% de su PBI en el sostenimiento del sistema educacional universal y gratuito.

El liderazgo de la Revolución Cubana a nivel regional también queda en evidencia al analizar la calidad de la educación. Según un estudio de la Unesco desarrollado entre 2004 y 2008 sobre el rendimiento escolar de estudiantes de América Latina y el Caribe, Cuba es el país con mejores resultados entre los 16 analizados (Venezuela y Bolivia no formaron parte del estudio). Muy por detrás se ubican Chile, Costa Rica, México y Uruguay. En un tercer escalón quedan Argentina, Brasil y Colombia. Mientras que Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Paraguay (el más inequitativo), Perú y República Dominicana muestran los índices más bajos de calidad educativa.

Según el estudio, denominado Serce, Cuba es el único país que en todas las áreas y cursos logró la primera categoría de evaluación. Esto significa que una gran cantidad de estudiantes cubanos tienen un nivel de aprendizaje de excelencia, algo que no ocurre en el resto de los países analizados. El estudio indica que, en promedio, el 75% de los niños latinoamericanos en edad escolar ingresa a la enseñanza primaria, pero sólo un 44% finaliza la educación básica a tiempo en América Latina.

Venezuela es el país que mayores avances en materia de educación consiguió en la última década. Desde un punto de partida desfavorable, la Revolución Bolivariana implementó una agresiva política que ya alcanzó una gran cantidad de las metas propuestas. Los niveles de deserción y repitencia eran uno de los principales problemas para el país y se logró reducirlos a la mitad: el índice de deserción escolar en la educación secundaria bajó del 15 a 7,7% y el de repitencia en la enseñanza primaria hoy es menor al 6%. La matrícula de toda la educación pública del país supera los 6 millones actualmente y cuadriplica a la de la enseñanza privada. Venezuela es, además, el segundo país con mayor nivel de matriculación universitaria en la región después de Cuba.

Más allá de los números, un aspecto central es el cambio en la clase de formación que reciben los estudiantes. Ratificados con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación promulgada en 2009, los principios que ahora rigen el sistema educativo, tal como los expresa la nueva Constitución del país, son los de soberanía, autodeterminación, identidad y cultura, impartidos desde los primeros años de enseñanza con el fin de fortalecer el poder popular en general y el vínculo entre las escuelas y sus respectivas comunidades en particular. Romper el aislamiento de los centros educativos y fomentar la educación para la acción y la transformación es una de las principales tareas que afronta la nación.

En este marco, el docente y su formación cumplen un papel fundamental. Para que el proceso de transformación social venezolano se refuerce y enriquezca en las instituciones educativas, el gobierno lanzó recientemente un Plan Nacional de Formación Docente, iniciado el 28 de octubre, cuyo fin es la aplicación de una pedagogía socialista que reemplace a la tradicional pedagogía liberal. “Hemos trabajado sobre la formación liberadora para el sujeto social, sobre la nueva subjetividad, los valores del socialismo versus los del capitalismo, las pedagogías liberales del capitalismo y la pedagogía crítica social o radical que debe imperar en un proceso socialista”, describió la ministra de Educación Maryann Hanson, al finalizar cinco días de mesas de trabajo junto a más de 300 educadores de todo el país para la preparación del Plan.

La política universitaria ha sido otro aspecto clave para la Revolución Bolivariana. Por eso desde 2002 funciona el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, encargado de definir los nuevos lineamientos para la educación superior. La principal política es la Misión Sucre, uno de los motivos por los que el país tiene la matrícula universitaria más alta de Suramérica en relación con la población y la quinta a nivel mundial. La Revolución Bolivariana logró un crecimiento de 192% en la matriculación universitaria desde su llegada al poder. En diciembre de 2010 ya había 2 millones 300 mil estudiantes universitarios en Venezuela; el 60% mujeres.

La Misión Sucre ha brindado además la posibilidad de estudiar a las personas privadas de su libertad y logró la incorporación de más de 5 mil 500 indígenas a las universidades, 23 de las cuales fueron creadas en los últimos 12 años. Entre ellas, las universidades politécnicas territoriales (UPT), creadas en 2006, cuyo fin es la formación de profesionales para la profundización del desarrollo científico, tecnológico e industrial del país. Las UPT tienen también una misión social que es definida mediante asambleas realizadas en conjunto con los Consejos Comunales, para que su carácter sea verdaderamente democrático y popular.

 

Bolivia y el Alba

Si se piensa en rápidas y radicales transformaciones en poco tiempo, el caso boliviano es quizás el más sorprendente (ver Bolivia: educación en pleno proceso de transformación). El país ha logrado un avance cualitativo muy considerable en materia de educación pública desde la llegada de Evo Morales al poder en 2006. En primer lugar, y gracias a la colaboración de Cuba y el Alba, Bolivia fue declarado libre de analfabetismo mediante el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, cuando a fines de los años 1990 un 30% de la población era analfabeta.

Superada esa primera etapa, el gobierno acaba de incorporar a 160 mil personas a un programa de post alfabetización, siendo la mayoría de los beneficiaros adultos mayores de 40 o 50 años. El objetivo es evitar la formación de “analfabetos en desuso o funcionales”, para que quienes no están escolarizados no abandonen la práctica de la lectoescritura. Hoy, el país tiene al 80% de su población en edad escolar asistiendo a los establecimientos educativos. La matrícula en educación primaria es del 95% y de la educación secundaria del 70%.

Otro hito del gobierno de Morales ha sido el desarrollo de las denominadas universidades indígenas, cuya formación académica se realiza en lenguas nativas e incluye el aprendizaje del castellano e idiomas extranjeros. Ya hay casas de estudio con programas íntegramente desarrollados en aymara, quechua y guaraní. Los títulos exigen por parte de los estudiantes la presentación de un emprendimiento productivo, con facilidades para luego lograr acceso a un crédito público y llevarlo a la práctica. La descolonización, la interculturalidad e intraculturalidad y la producción son los ejes principales de estas casas de estudio, impensables hace una década.

Los valores de solidaridad y complementariedad impulsados por el Alba, con la exitosa experiencia de la Revolución Cubana en materia de educación como bandera, han sido fundamentales para aumentar las matrículas, disminuir los niveles de deserción escolar, alfabetizar y transformar modelos educativos liberales del pasado en nuevas políticas educativas que tienen como horizonte el socialismo. La lucha contra el analfabetismo ha demostrado el grado de cooperación existente entre los países y el notable grado de éxito en la implementación de esa política. Con la colaboración de Cuba, Venezuela se declaró libre de ese flagelo en 2005. Luego cubanos y venezolanos hicieron lo propio para que Bolivia alcanzara la meta en 2008. Y finalmente los tres países permitieron a Nicaragua la alfabetización de prácticamente toda su población en 2009.

Como próximo paso, el Alba tiene la tarea de lograr acelerar la creación de la Universidad del Alba, que debe comenzar a funcionar en 2012, para extender a los sistemas educativos nacionales los valores socialistas y antimperialistas.

 

Vaivenes en el resto del continente

A mitad de camino entre las transformaciones en marcha en los países del Alba y la ofensiva privatizadora liberal de la educación contra la cual resisten los movimientos estudiantiles de Chile y Colombia, se encuentran una serie de países que, sin cuestionar a fondo determinados valores de la educación, han tenido una política más activa desde los Estados en esta materia, aunque con resultados dispares.

En Argentina, uno de los principales problemas es la relativa pero constante baja que se registra año tras año en la matrícula de las escuelas estatales de nivel primario. En 2010 hubo 273 mil estudiantes menos que en 2003 en las escuelas primarias públicas. No ocurre lo mismo con la inscripción a la educación secundaria, que aumenta la cantidad de estudiantes a un ritmo del 2% por año.

El otro punto preocupante es el deterioro de la calidad educativa, principalmente en las escuelas estatales. Según pruebas como Pisa (de la Ocde) o Serce (de la Unesco), Argentina muestra un promedio bajo y decreciente, a la zaga de muchos países de la región. Los estudios muestran también una disparidad creciente entre instituciones educativas privadas y públicas en el nivel primario y secundario, y señala a las escuelas estatales como las que peor calidad educativa brindan.

Una de las iniciativas que tenía como fin, entre otros, frenar ese problema, fue la ley que dispuso la obligación del Estado de alcanzar el 6% del PBI en inversión en educación, ciencia y tecnología para 2010. A juzgar por el presupuesto, la meta fue alcanzada. Pero la norma estipulaba también que para ese año un 30% de los niños de la educación primaria (1 millón 400 mil) debían estudiar doble jornada. Sólo 282 mil lo hacían en 2010.

Otro de los mayores desafíos es frenar la deserción en la educación pública, principalmente en el nivel secundario. El abandono de los estudios es elevado entre los más pobres, donde llega al 30%.

A nivel universitario, la calidad de algunas instituciones públicas argentinas sigue siendo muy destacada en la región y también en comparación con universidades privadas locales. Aquí la preocupación pasa por la escasa cantidad de graduados (habría 83 mil 500 en 2012) en relación al total de estudiantes que comienzan alguna carrera universitaria. Por cada 100 personas que ingresan a las universidades se gradúan sólo 26.

En el caso de Uruguay (ver Políticas educativas...), el Frente Amplio ha logrado éxito en el aumento de la matriculación. Hoy tiene prácticamente una cobertura universal de educación primaria, con el 95,6% de los jóvenes de entre 14 y 15 años habiendo concluido sus estudios en ese nivel, lo que implica también un bajo nivel de repitencia. Pero esa cifra cae al 58,2% en la educación media básica, cuyo ciclo es de tres años.

El mayor desafío para Uruguay es revertir los índices de desigualdad presentes en el acceso a la educación. Entre 2006 y 2009 los niveles educativos alcanzados por las personas más pobres decrecieron progresivamente. En realidad aumenta la proporción de estudiantes que completan el nivel primario, pero decrece en mayor medida la de aquellos que logran alcanzar la educación media y terciaria o superior.

Algo similar ocurre con Paraguay, aunque en mayor escala. Según la Unesco, el país guaraní es el más inequitativo en materia de educación. La brecha de acceso a los distintos niveles, la matriculación y la proporción de personas con estudios completos en cada etapa es muy fuerte entre los más pobres y aquellos que gozan de una posición económica favorable. El 60% de las causas de abandono del estudio es por razones económicas, según el Ministerio de Educación y el Conejo Nacional de Educación y Cultura.

Otro problema es el nivel de deserción escolar. De cada cien niños paraguayos que ingresan al nivel primario, sólo 38 llegan al nivel medio. Mucho menor inclusive es el acceso a las universidades: de cada 100 jóvenes que ingresan a la educación media, sólo tres estudian alguna carrera universitaria y otros siete lo hacen en terciarios. Esto implica que por cada millón de niños que ingresan a la escuela primaria, sólo alrededor de 40 mil jóvenes (el 4%) se gradúan en universidades u otros institutos de educación superior.

Entre los logros alcanzados por el gobierno de Fernando Lugo se destaca la universalización de la canasta de útiles escolares, la garantía de gratuidad de la educación media y el crecimiento de la infraestructura edilicia. La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (Otep) critica que el presupuesto para el área no llega al 4% del PIB y asegura que se ejecuta sólo entre un 60 y 70% cada año, mientras la precariedad de las escuelas crece.

El déficit educativo tiene diferentes respuestas en la región. También las tiene la pregunta por el valor que se le asigna a la educación. Pero hay un dato histórico insoslayable: la crisis económica capitalista. Y, como decía Martí, la educación no puede divorciarse de su época. Tal es el desafío actual de América Latina, cuando en Chile y Colombia resurge el movimiento estudiantil.

 

Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz

con informes desde Asunción, Caracas, La Paz y Montevideo

Bolivia: educación en pleno proceso de transformación     De manera paralela a los cambios sociales, políticos y culturales impulsados por los movimientos y organizaciones populares durante el último lustro en Bolivia, bajo el liderazgo de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS), el proceso de transformación en el modelo y estructura de la educación tradicional y conservadora es intenso y ha adquirido una dimensión estratégica. La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en febrero de 2009 en un referéndum nacional, establece la gratuidad de la educación en todos sus niveles, incluidas las universidades públicas y autónomas; considera obligatoria la formación hasta el nivel del bachillerato e inclusive el gobierno ha creado el bono universal Juancito Pinto destinado a todos los niños que asisten a la escuela, con el objetivo de evitar la inasistencia y la deserción que tenían elevados índices hasta la década pasada. Los principios de la nueva educación determinan su carácter universal, comunitario, descolonizador, intra e intercultural y se fundamentan en una educación humanista, productiva, crítica, liberadora y revolucionaria. A éstos, se les incorpora en la nueva Ley de Educación “Avelino Siñani” la definición de establecer una educación antiimperialista e impulsora de la liberación nacional. El nombre Avelino Siñani corresponde a un educador indígena aymara que en la década de 1930 desarrolló la experiencia de la “escuela-ayllu” en Warisata, altiplano boliviano, donde se combinaba la formación, la vida y decisión comunitaria y la producción, rompiendo los esquemas de la educación oficial que excluía al 80% de la población. Otro aspecto importante de la transformación educativa reside en la aplicación de una educación intercultural en base al bilingüismo, como reconocimiento a las comunidades y pueblos indígenas que conservan y mantienen sus tradiciones, usos y costumbres, y su relación con la naturaleza y el medio ambiente. Para ello se están desarrollando programas de renovación de las currículas educativas y los modelos pedagógicos que, durante las décadas de 1980 y 1990 estuvieron influidos y administrados por los asesores y expertos del Banco Mundial con textos y técnicas ajenos a la realidad local.   La experiencia del emprendimiento de erradicación del analfabetismo se ha convertido también en un puntal de la denominada Revolución Democrática y Cultural. En este campo, con el apoyo de los educadores cubanos, el gobierno realizó la campaña “Yo sí puedo” y ha conseguido erradicar el analfabetismo, que a fines de los 1990 alcanzaba al 30% de la población, especialmente de las zonas rurales. Fueron casi un millón los alfabetizados entre 2006 y 2008, año en que el país alcanzó el 96% de alfabetización y cumplió con los Objetivos del Milenio establecidos por la Unesco al respecto. La experiencia es considerada excepcional a nivel mundial por la importante participación social alcanzada en poco tiempo. En otro hecho histórico, el gobierno creó tres universidades indígenas en distintas regiones del país: la Universidad Indígena Aymara en el Altiplano, la Indígena Quechua en el Chapare y la Indígena Guaraní en el Chaco, cuya formación está directamente relacionada con las actividades productivas de la agricultura, la ganadería, el medio ambiente, la agroindustria y la industria. Cuentan con importante infraestructura y medios que son provistos por el gobierno central, en la perspectiva de contar con cuadros capacitados para impulsar el proceso de desarrollo económico y productivo establecido en el Plan Nacional.   El proceso de transformaciones en el campo educativo limitó fuertemente la influencia de la Iglesia Católica. Su principal problema ha sido con sectores sindicales que nuclean a trabajadores de la educación, quienes criticaron algunas medidas por considerar que afectaban su estabilidad laboral y desconocían derechos adquiridos en la carrera profesional. La realidad educativa en Bolivia en los últimos años ha dado saltos importantes, especialmente si se considera que las clases y sectores marginados y excluidos durante siglos se han convertido en protagonistas tanto de las transformaciones culturales y políticas, como de las reformas en todos los niveles del sistema educativo.

 

 

Educación y tecnología: modelos 1 a 1       Diversos son los proyectos socioeducativos que proponen la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las escuelas de América Latina. En los últimos cinco años, la mayor parte de ellos se enmarcan en lo que se dio en llamar “modelos 1 a 1”, cuyo fin es que cada estudiante y cada docente tenga una computadora portátil conectada en red y, en donde sea posible, también con acceso a internet. Los casos de mayor alcance, hasta el momento, son: el plan Ceibal en Uruguay, que se inició en 2007 y ha cubierto al total de la población de la educación primaria pública y se desarrolla en la escuela media; el plan Conectar Igualdad que comenzó en 2010 en Argentina y tiene previsto completar en 2012 la entrega tres millones de netbooks a todos los estudiantes y docentes del nivel medio y los institutos de formación docente de gestión pública; y el proyecto venezolano Canaima Educativo, también iniciado en 2010, que hasta octubre llevaba entregadas 830 mil computadoras portátiles, cuyos contenidos educativos, aplicaciones y funciones son totalmente desarrollados en Software Libre. Todos los equipos se terminan de producir en Venezuela, que en 2012 fabricará 500 mil computadoras. Las realidades de las escuelas latinoamericanas muchas veces son heterogéneas, como las instituciones que ponen en marcha estas iniciativas: gobiernos, organizaciones civiles, organismos internacionales, empresas, o combinaciones entre ellas. Distintos programas persiguen múltiples objetivos –sociales, educativos, culturales, tecnológicos– y desarrollan variadas estrategias de implementación –planes de capacitación, decisiones respecto a la tenencia personal o compartida de los equipos, la posibilidad de que éstos lleguen a los hogares y otras. Más allá de las diferencias o particularidades, en miles de aulas latinoamericanas estudiantes y docentes ya tienen a su disposición equipos informáticos conectados, en algunos casos, a internet. Este hecho, impensado hasta hace algunos años, dispara al interior de la escuela (y también en la sociedad) expectativas, desafíos, incógnitas y temores ante las transformaciones que podría traer aparejado. Algo que obliga a reflexionar sobre ciertas cuestiones.   Para comenzar, es necesario entender que la inserción de estos dispositivos a las aulas no operará cambios, por sí misma, ni en la enseñanza ni en el aprendizaje. Es posible que sí haya mayor motivación de los estudiantes ante la novedad y que se puedan repensar algunas prácticas educativas. También, que la llegada de estas tecnologías por primera vez a muchas familias constituya un progreso histórico en términos de posibilidades de acceso a la cultura y a otras formas de comunicación. Sin embargo, también resulta necesario tener en cuenta el riesgo que conlleva esperar que se produzcan mejoras o transformaciones por el simple hecho de cambiar el cuaderno, el libro de texto o el pizarrón por una computadora, ya que se puede terminar haciendo lo mismo y del mismo modo, pero con otro artefacto. Algo que ya ha sucedido con otros intentos de incorporar tecnologías en la educación, como la televisión o el video. Son los docentes en las aulas quienes tienen la mayor posibilidad de idear y llevar a la práctica innovaciones que provoquen mejoras y cambios, siempre y cuando descubran y experimenten ellos mismos las potencialidades de las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Pero estos cambios tampoco serán posibles sin la revisión de las prácticas instituidas, si los docentes no tienen la oportunidad de capacitarse y, fundamentalmente, si no cuentan con el apoyo y respaldo institucional y sistémico necesario.   En el caso del programa argentino Conectar Igualdad, en principio, los diversos ministerios nacionales y juridiccionales involucrados se han concentrado en la entrega de las computadoras, la infraestructura y la conectividad. En relación al carácter educativo del proyecto, las acciones más relevantes realizadas hasta el momento fueron dos: la oferta de cursos voluntarios de capacitación docente a distancia, orientados en su mayoría a cuestiones operativas y con escasa profundización en materia de fundamentos pedagógicos y reflexiones metodológicas acorde con la complejidad que comporta un proceso de incorporación de tecnologías en la educación; y la publicación de una enorme y diversa cantidad de recursos en formato digital (textos, videos, audios, imágenes, secuencias didácticas, sugerencias de actividades). Recién dentro de algunos años podrán analizarse los resultados alcanzados. Desde Buenos Aires, Sol Dieguez

 

 

Políticas educativas en Uruguay       La educación pública uruguaya constituye una institución cultural de profundo arraigo ciudadano. El “Estado Docente” cuenta con esa legitimación política y social como consecuencia de haber resuelto eficazmente tres tareas cruciales en distintas etapas históricas: la constitución de una identidad nacional, el favorecimiento de la integración y la movilidad social, y la dotación a amplios sectores de la ciudadanía de recursos cognitivos que le permitieron un desempeño adecuado como ciudadanos y agentes productivos. El imaginario social sobre la educación uruguaya se sustenta en dos grandes supuestos: uno le asigna un valor principalmente integrador e igualador; el otro consiste en la expectativa de un desarrollo económico en el marco de una economía globalizada, en base a la calificación de nuestros recursos humanos. Pero en los últimos años, la educación uruguaya no es ya una herramienta de integración social eficaz para niños y jóvenes provenientes de distintos estratos sociales. Tampoco tiene una calidad suficiente para destacar a nivel internacional. Ambas cuestiones han quedado manifestadas a partir de la participación de Uruguay en las pruebas internacionales Pisa, que mide los resultados educativos en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias de jóvenes de 15 años. Desde 2003, esas pruebas evidencian que la cuarta parte de los estudiantes no cuenta con los conocimientos indispensables en estas tres áreas fundamentales y que internamente existen diferencias enormes entre los aprendizajes de los estudiantes, claramente asociadas a su extracción social. Otros indicadores disponibles operan en el mismo sentido: altas tasas de repetición en enseñanza primaria y secundaria, elevado porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, considerable deserción en el ciclo medio. Conclusión: la educación en Uruguay no satisface hoy ninguna de las antedichas demandas de equidad social y desarrollo económico. Parte de la explicación de este rezago puede asignársele a la bajísima inversión educativa realizada por los gobiernos nacionales al menos desde la década de 1970. Docentes mal remunerados y poco motivados, establecimientos educativos insuficientes y mal estado de la infraestructura edilicia fueron algunos de los signos más evidentes del deterioro. El Frente Amplio incrementó desde 2005 de manera paulatina el gasto público en educación. Seis años después se cuestiona la inexistencia de resultados contundentes y visibles que manifiesten una mejora significativa de la situación educativa. Los principales cuestionamientos se dirigen al diseño institucional del sistema educativo, que coloca a la enseñanza bajo la égida de un organismo autónomo integrado por representantes electos por los partidos políticos y también por los colectivos docentes. La otra cuestión que se critica es la histórica conformación centralizada del sistema, que concentra en sus órganos de gobierno todas las decisiones (sobre planes de estudio, estatuto docente y demás) en desmedro de las competencias de los establecimientos educativos, reducidos a meros implementadores de las políticas generales y sin potestades para perfilar su propia propuesta educativa. Hay algo de razón en cada una de esas críticas. Pero cabe llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre los límites esperables para las intervenciones estatales. El cambio en la enseñanza es un fenómeno extraordinariamente complejo, en el que intervienen múltiples variables sociales, económicas y propiamente educativas y sobre el que las políticas educativas no pueden operar unilateralmente. Este argumento no pretende desalentar la necesaria voluntad de mejora educativa que debería asumir cualquier gobierno democrático. Sólo busca resaltar que para obtener logros de cierta significación se requiere un proceso perseverante y mantenido en el tiempo, alimentado de la investigación educativa y diagnósticos convalidados, de la participación de actores políticos y sociales en la implementación de políticas fundamentadas técnicamente y dotadas de amplio sustento, y del seguimiento y evaluación permanente de las medidas. Ninguna de estas tareas es sencilla, pero resolver estas complejidades es precisamente la tarea principal de la política en los Estados democráticos.  Desde Montevideo,  Nicolás Bentancur