Una fosa común con más de 100 cadáveres de personas desaparecidas en los últimos tres meses fue descubierta recientemente en Honduras. Cada semana son asesinados militantes de movimientos sociales y campesinos, mientras el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) recibe diez denuncias diarias de violaciones a los derechos humanos por asesinatos selectivos, acosos y amenazas de muerte.

Bertha Oliva, presidenta del organismo, aseguró que las violaciones a los derechos humanos aumentaron un 45% en los últimos seis meses respecto de los siete meses que Micheletti ocupó ilegalmente el poder. Estas cifras demuestran la burda mentira de la “vuelta a la democracia” en Honduras bajo el gobierno de Porfirio Lobo. La prensa internacional silencia la mayoría de estos casos y el 24 de agosto fue asesinado el décimo periodista en lo que va del año.

Ante semejante panorama los trabajadores y organizaciones sociales profundizaron la resistencia. Al cierre de esta edición el gremio de los maestros llevaba más de tres semanas de un paro por tiempo indefinido y las centrales de trabajadores discutían la posibilidad de convocar a una huelga general. El 20 de agosto una manifestación de maestros fue brutalmente reprimida por la policía, que golpeó y detuvo selectivamente a los trabajadores más organizados, inclusive dentro de las propias universidades. “Me dirijo a ustedes para darles fuerza y aliento en este momento en que los niveles de brutalidad del régimen sólo se pueden comparar con la carrera desesperada que tienen por entregar todos los bienes de los hondureños al capital transnacional y sus representantes locales”, escribió Manuel Zelaya en una carta dirigida a los trabajadores de Honduras.

Como respuesta a la represión, más de 25 mil docentes de todo el país, incluidos 5 mil padres y madres de alumnos, salieron a la calle para ratificar la huelga y la resistencia al terror que impone el gobierno de Lobo. Bajo la consigna “no a la Ley General de Educación que asesina la educación pública; alto a la represión del gobierno de puño fuerte y la pena de muerte”, los maestros manifestaron la voluntad de no retroceder ante el avance represivo del Estado.

Los docentes están ocupando el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), cuyos fondos aportados por los trabajadores fueron saqueados y desviados. Rechazan la Ley General de Educación que se debatirá en el Congreso, porque pretende privatizar las escuelas y eliminar el Estatuto del Docente Hondureño, piden la reincorporación de 10 directores departamentales y la expulsión de varias autoridades educativas.

Bajo la presidencia de Lobo 50 mil personas se quedaron sin empleo, según el Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (Caderh). En total suman 230 mil los puestos de trabajo perdidos desde el Golpe de Estado.