El objetivo del nuevo Gobierno es que las restricciones fiscales no amenacen las metas programáticas del Frente Amplio

Condicionamientos: la discusión en la Legislatura del segundo presupuesto quinquenal de la República durante un gobierno frenteamplista reabre el debate sobre los condicionamientos de la deuda externa. A diferencia del período de Tabaré Vázquez, el nuevo ejecutivo no deberá cargar con el lastre de los programas de asistencia externa que abultaban más la dependencia económica sin solucionar los problemas reales. El senador del Frente Amplio Héctor Tajam señala que el principal logro de esta segunda administración de izquierda es encarar el nuevo ejercicio sin atarse a las metas de superávit fiscal primario, como había sucedido cinco años atrás. La siguiente es una columna de opinión del legislador Tajam, exclusiva para América XXI.

En marzo de 2005, el primer gobierno de izquierda en Uruguay heredó una situación fiscal que incluía una deuda bruta del sector público por un valor casi equivalente a su PBI. De ese volumen, el 87 por ciento (11.600 millones de dólares) correspondía a acreedores no residentes, esto es, deuda externa, de la cual la mitad se debía a la banca multilateral y más del 20 por ciento al Fondo Monetario Internacional.

Uruguay fue socorrido en agosto de 2002 por un préstamo puente del Tesoro de Estados Unidos de 1.500 millones de dólares, que habilitó luego un crédito stand by del FMI por 3.100 millones de dólares. El cuadro de aquellos años era una deuda impagable, con reservas internacionales prácticamente inexistentes, asociada a una situación social con más de un tercio de la población en situación de pobreza e indigencia.

En situaciones similares los gobiernos anteriores del Partido Colorado y del Partido Nacional habían recurrido sistemáticamente a ajustes fiscales que rebajaban salarios y gasto público, acompañados del consabido aumento impositivo. Sin escapar aún al clásico acuerdo con el FMI, que exigía un importante superávit fiscal primario que cubriera los compromisos por intereses de la deuda pública, el gobierno del Frente Amplio estructuró su Presupuesto Nacional quinquenal aumentando el gasto público, especialmente en el Plan de Emergencia Social, en Educación y en la recuperación del salario real a los niveles previos a la crisis.

A partir de allí había que definir el camino a recorrer para que la deuda pública, y en particular la deuda externa, no se transformara en un obstáculo que impidiera la puesta en práctica de los lineamientos principales del programa de gobierno del Frente Amplio. El Ministerio de Economía de entonces no innovó demasiado con respecto a lo que sería un patrón de política en los gobiernos progresistas del continente latinoamericano: desvinculación del FMI, cambio en la estructura de la deuda aprovechando la liquidez internacional, y desdolarización.

El contexto internacional era favorable a un desendeudamiento con el FMI: Pakistán, Serbia y Ucrania habían cancelado por adelantado su deuda con el FMI. En 2003 Tailandia saldó su deuda dos años antes de su vencimiento, y a fines de 2004 Rusia canceló una deuda de 3.300 millones de dólares. En diciembre de 2005, Brasil lo hizo por 15.500 millones de dólares y Argentina por 9.800 millones, utilizando sus voluminosas reservas internacionales. Ambos países anunciaron la decisión como una victoria económica y política frente a la institución. En abril de 2007 le seguiría Venezuela y, poco después, Ecuador.

En noviembre de 2006 Uruguay saldó por anticipado su deuda con el FMI y canceló el programa económico que se extendía hasta junio de 2008. Esta operación fue, en realidad un canje, no un desendeudamiento efectivo, posible por las colocaciones de bonos en el mercado internacional dentro de la política de reperfilamiento de la deuda pública que se venía practicando desde principios de año.

La manifestación más importante de este hecho fue la posibilidad de aumentar el gasto público social en las rendiciones de cuentas anuales a medida que el crecimiento del PBI real superaba las proyecciones que sustentaron el presupuesto quinquenal. Además, se podía sostener la demanda interna durante las más duras manifestaciones de la crisis financiera internacional. Ninguna de estas decisiones estaba permitida en la clásica política restrictiva del FMI. Hoy se está diseñando el presupuesto del segundo gobierno frenteamplista sin atarse a metas de superávit fiscal primario como había sucedido cinco años atrás.

El monto de la deuda pública, interna y externa, es impagable, so pena de renunciar a la intervención estatal que todo gobierno de izquierda maneja como una de sus principales herramientas para construir justicia social. Se eligió entonces una forma de administrarla aprovechando la liquidez internacional, canjeando deuda sucesivamente para reestructurarla en plazos más largos, con tasas de interés fijas, y progresivamente nominada en moneda nacional. En 2004, la deuda pública con vencimientos superiores a 5 años constituía el 60% del total; en 2009 fue el 80%. La deuda acordada con tasa de interés fija pasó de un 50% en 2004 a 77% en 2009. Pero el impacto, a nuestro juicio, más relevante se manifestó en el cambio de moneda: en 2004 la deuda pública en moneda nacional apenas alcanzaba un 10% del total, mientras que en 2009 su participación se elevó al 35% contribuyendo significativamente a la desdolarización de la economía.

Todo ello impactó en el servicio de la deuda, especialmente en los intereses, que se pagan con recursos del presupuesto nacional. Por primera vez el gasto público destinado a la educación pública superó al pago de intereses. También es cierto que la apreciación monetaria contribuyó en este resultado. En el año 2004 la relación gasto en educación/intereses era de 54%, en el año 2009 alcanzó el 112%.

También mejoró la capacidad de pago medida como porcentaje del PBI, que disminuyó a la mitad (de 100% a 50%) en el año 2008, indispensable para mantener el proceso. Pero todo esto no impidió que la deuda bruta aumentara, al principio moderadamente, hasta 2006; en 2008 se había acrecentado en un 24%; pero en 2009 se elevó un 60% por encima del registro del año 2004 fruto de una decisión política de no traspasar el costo de la crisis al pueblo más desprotegido.

La perspectiva para el proceso que se inicia con la Presidencia de José Mujica no va a cambiar. Con un endeudamiento que trepó al 69% del PBI en el último año del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, la meta ahora es bajarlo a un 40% en 2014. Y, si las condiciones internacionales lo permiten, mantener un curso similar en materia de estructura para que la restricción fiscal que constituye no amenace con el cumplimiento de las metas programáticas del Frente Amplio.

La deuda impagable seguirá amenazante en todo el continente, hasta que en algún momento los países latinoamericanos se encuentren unidos para no depender más de ella y construir sus propias fuentes de financiamiento solidario.