Puesto de Mercal móvil para combatir la especulación y el acaparamiento

Tensión: a pesar del esfuerzo realizado por el Gobierno, aún la mayoría de la producción y distribución de alimentos está en manos privadas. Los grandes empresarios de estos rubros ven que la revolución avanza también en ese terreno. Para impedir una victoria electoral de la revolución en septiembre y garantizar sus negocios multimillonarios, apelan al desabstecimiento; a la guerra económica. En los últimos años, se ha activado una red social e institucional para combatir la especulación y el acaparamiento, integrada por consejos comunales, organizaciones populares y las patrullas del Psuv.

El presidente Hugo Chávez se declaró en guerra contra la oligarquía al aceptar el desafío impuesto por los sectores patronales vinculados con la alimentación. Identificó entre los principales responsables de la especulación y el encarecimiento de productos a Fedecámaras y Consecomercio, así como al industrial Lorenzo Mendoza, dueño de la empresa Alimentos Polar. Prometió más expropiaciones de empresas privadas, por considerarlas responsables de desabastecimiento de productos y especulaciones en los precios.

 Desde el golpe de Estado de abril de 2002 hasta la fecha Venezuela sigue siendo blanco de la conspiración nacional e internacional. Al golpe le siguió el paro patronal de diciembre de 2002, cuando las principales industrias privadas dejaron sin alimentos a la población por un fin político. La burguesía propietaria de sectores productivos claves, representada en el sector alimentario principalmente por el grupo Polar, no ha parado en su afán de derrocar al Gobierno. Éste, por su parte, está consolidando una gran plataforma de producción alimentaria administrada por el Estado, un hecho que aumenta el saboteo y el enfrentamiento frontal de quienes se niegan a perder el poder. 

Plataforma socialista

Para la formación de esta plataforma el gobierno venezolano comenzó en el año 2001 promulgando la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual establece “la guerra contra el Latifundio”, contempla el financiamiento y apoyo tecnológico a los productores con el fin de levantar la producción en el campo, que en ese momento semejaba un sistema feudal.

Luego instituyó en el año 2002 la red de distribución de alimentos Mercal, una institución que coloca alimentos subsidiados para todos los estratos sociales. Planteándose conquistar la soberanía alimentaria, el Gobierno creó un sistema que contempla todas las fases, para lo cual constituyó la Corporación Venezolana Agraria (CVA) que entró en funcionamiento en 2005. Actualmente CVA procesa cereales, lácteos, empaqueta leguminosas, carnes y pescados.

En 2008, a partir de los recursos obtenidos del plan nacional de siembra petrolera, Pdvsa fundó “Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos” (Pdval), encargada de distribuir alimentos a precios regulados.

Resultados y complot

La puesta en marcha del plan nacional de soberanía alimentaria ya arroja resultados contundentes: sólo en mayo último la cantidad de beneficiarios de la red Mercal es de 10.114.803 personas. Este mes se han distribuido 13.018,74 toneladas de alimentos y, en lo que va de año, 453.480 toneladas. Además existen 13.598 bodegas comunales de Mercal, 114 centros de acopio, 359 Mercales Móviles y 36 Mega Mercales, red que beneficia anualmente a más del 60% de la población. Es necesario recalcar que la mayoría de los alimentos que distribuye Mercal es de producción nacional, un grueso de la producción es de la Corporación Venezolana Agraria y otro tanto de cooperativas. También se importan alimentos desde los países que integran el Alba. Ante el éxito de esta plataforma alimentaria, los sectores oligárquicos representados en la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustrias), Federación Nacional de Ganaderos (Fedenagas), el Grupo Polar, inician la nueva conspiración, que consiste en el acaparamiento sistemático de algunos alimentos para crear escasez ficticia en el sector consumidor. Seguidamente acaparan, especulan y emprenden una serie de despidos injustificados en la redes de producción y mercado privadas. Casos puntuales: Automercados Éxito, Fama de América (Café), Centrales Azucareros, Aceites Diana, Empresas Monaca y algunos frigoríficos y camaroneras. Ante la arremetida, el Gobierno actúa profundizando la revolución, expropiando varias de estas empresas, las cuales pasan a ser de propiedad social y donde sus trabajadores dejan de ser simples explotados y se convierten en sujetos protagonistas del plan de soberanía alimentaria en beneficio del pueblo. En otros casos, algunas empresas se han nacionalizado gracias a una negociación con los empresarios como es el caso de Lácteos Los Andes y Aceites Diana.

Conspiración de monopolios

A pesar de todo este esfuerzo, aún la mayoría de la producción y distribución de alimentos está en manos privadas que permanentemente quebrantan la legalidad. Empresarios que desde la llegada al poder de Hugo Chávez han intervenido en el escenario político, como por ejemplo Lorenzo Mendoza Giménez, quién posee una fortuna estimada en 4.500 millones de dólares –el tercer hombre más rico de América Latina– dueño de las Empresas Polar, mayor corporación de alimentos y bebidas en Venezuela, un emporio industrial que genera los todos los productos de la cesta básica, además de helados, licores, jugos, gaseosas, productos de limpieza, entre otros. Este grupo económico fue el principal actor en el paro patronal de diciembre de 2002.

Otro magnate criollo de la alimentación es Gustavo Cisneros, considerado hoy el segundo hombre más rico de Latinoamérica con una fortuna estimada en 5.300 millones de dólares, dueño de la Corporación Distribuidora de Alimentos y del canal Venevisión, además de una red de emisoras radiales que constantemente desprestigian la labor del gobierno venezolano. Este empresario forma parte del Grupo Bildelberg, el cual agrupa a sectores económicos poderosos en el mundo como Fiat, Daimler-Chrysler, Xerox, Lafarge, TotalFinaElf, Shell, BO Amaco. Su padre, Diego Cisneros, fue quien amasó una enorme fortuna desde el gobierno de derecha de Rómulo Betancourt en 1959, actuando como testaferro de los principales políticos de la nación. Su sucesor mantuvo durante años una estrecha relación con el ex presidente Carlos Andrés Pérez, también del mismo partido de derecha Acción Democrática. Esa relación permanente con el poder ejecutivo desde los años 1960 hasta la llegada de Chávez en 1998, le permitió a esta familia tener tentáculos en todo el escenario político nacional. Hoy Gustavo Cisneros tiene el mayor monopolio comunicacional en Latinoamérica, con acciones en Televisa de México y radio Caracol de Colombia, 7 canales por televisión digital en Argentina, Radios en Chile, Brasil y Puerto Rico, dueño también de Directv en Venezuela, y del equipo de beisbol Leones del Caracas. Toda esta maquinaria empresarial la utiliza para ejercer presiones políticas y económicas constantes, intentos de soborno en algunos caso y saboteos en otros, para la desestabilización el país.

Desde Caracas