Elsie Monge, presidente de la Comisión de la Verdad, durante su discurso en la presentación del documento final

Revelación: la Comisión de la Verdad registró de manera detallada 851 violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el país desde 1984, la mayoría de ellas durante el gobierno constitucional de León Febres Cordero. El informe final revela casos de privación ilegal de la libertad, torturas, violencia sexual, desaparición forzosa y ejecuciones extrajudiciales. Jaime Nebot, el principal opositor a Rafael Correa, es heredero de esa tradición represiva.

Bajo el mandato del neoliberal León Febres Cordero (1984-1988) se desató el más intenso clima de terror y persecución de Estado que ha vivido el Ecuador contemporáneo. Con la excusa de luchar contra la incipiente guerrilla urbana personificada en el movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) el gobierno de Febres Cordero creó y puso en ejecución un enorme y efectivo sistema de represión que tuvo como resultado decenas de personas torturadas, desaparecidas, encarceladas y asesinadas por motivos estrictamente ideológicos.

Las historias de las personas perseguidas y torturadas casi nunca tuvieron gran trascendencia en los medios nacionales ni en la colectividad. La excepción la marcan casos como el de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo desaparecidos y asesinados por la policía, o el de Arturo Jarrín, sociólogo y máximo líder del movimiento AVC quien fuera capturado en Panamá y asesinado posteriormente por la policía ecuatoriana luego de interminables torturas. Pero nunca se pudo ejercer una verdadera justicia pues los mayores responsables (el Presidente, sus ministros y el alto mando militar y policial) se mantuvieron impunemente en el Poder y continuaron ejerciendo cargos públicos y de autoridad incluso hasta el día de hoy.

En 2007, mediante decreto ejecutivo, fue creada la Comisión de la Verdad con la responsabilidad de investigar y esclarecer de forma académica y documentada todas las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en el período de 1984-1988 y períodos posteriores. La tarea insumió tres años: entrevistas a centenares de víctimas, familiares e involucrados; desclasificación y revisión de más de 300 mil documentos oficiales; judiciales e informes de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, entre otros.

Finalmente se dio a conocer un voluminoso informe que registra de manera detallada 851 violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra 456 personas. El informe final de la Comisión de la Verdad (disponible en www.coverdad.org.ec) revela 296 casos de privación ilegal de la libertad; 365 casos de torturas; 86 víctimas de violencia sexual; 17 casos de desaparición forzosa y 68 casos de ejecuciones extrajudiciales entre otras cosas como allanamientos, persecución laboral y amenazas.

El informe fue concluyente: el 68% de todos los casos documentados se dio en el período 1984-1988, es decir en la presidencia de Febres Cordero. La comisión reconoció que en los períodos posteriores continuaron existiendo casos de violaciones a los derechos humanos pero ya ninguno que pudiera ser atribuible a una Política de Estado elaborada, ejecutada y supervisada desde la Presidencia.

 

Delfín del represor

El día en que se presentó el informe se cumplieron 18 meses del fallecimiento del presidente represor, León Febres Cordero. Murió como Pinochet, arropado con el cariño de sus acólitos y con la impotencia de sus víctimas que nunca lo vieron pagar ni un ápice de sus culpas.

Murió con honores de gran estadista, con una multitud de personas acompañando su féretro y con el único reproche de su propia conciencia, si alguna vez la tuvo. Jamás abandonó la política y, con sus grandes dotes de orador y de hombre fuerte, se ganó el muy merecido título de “dueño del país”. Luego de su tenebroso mandato, que además de represivo fue terriblemente ineficiente en lo económico y en lo social, se encaramó en la alcaldía de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una urbe que había sido saqueada por las administraciones municipales anteriores ligadas al Partido Roldosista Ecuatoriano, de corte demagógico y corrupto. Ya en la alcaldía, Febres Cordero llevó adelante un plan privatizador cuyo objetivo fue lograr la regeneración urbana de Guayaquil a través de la inversión en obras físicas espectaculares que se financiaron, gracias a las coyunturas gubernamentales favorables, con enormes cantidades de dinero que a su vez se les negaba a otros municipios más pequeños.

Febres Cordero también allanó el camino político de su delfín y sucesor, Jaime Nebot, quien en esos años fue gobernador de la Provincia del Guayas. Según el Informe de la Comisión, Nebot tuvo conocimiento de muchos de los procedimientos ilegales de desapariciones y torturas e incluso se lo nombra como testigo en algunas de ellas. Desde su trinchera en la alcaldía de Guayaquil Nebot se convirtió en una figura política influyente en su partido y, a la muerte de Febres Cordero, en el principal referente de la derecha ecuatoriana y de la oposición al presidente Rafael Correa.

Fue justamente Nebot uno de los primeros en pronunciarse en contra del Informe de la Comisión. Lo acusó de sesgado, parcializado, absurdo y sobre todo de ser una herramienta política del Gobierno para desprestigiarlo y tratar de sacarlo del tablero político e insinúo con una respuesta violenta a lo que consideraba una “infamia”. Luego se sumaron otros personajes involucrados, ex policías, ex ministros. 

 

Desmemoria

El vicepresidente de la época, Blasco Peñaherrera Padilla, resumió la posición de todos bajo el tenue argumento de que al estar Ecuador en un contexto de guerrilla lo “único” que había hecho el gobierno era actuar “con mano dura” para evitar que en el país se desatara el caos y la guerra civil. “Eran delincuentes comunes, eran terroristas” gritan hoy los torturadores de ayer justificando sus actos. Pero callan y tartamudean ante la pregunta de si usaron o no métodos de tortura y violaciones a los derechos humanos.

Luego de haberse hecho público el informe, la reacción en buena parte de la ciudadanía ha estado más cerca de la indiferencia que de la indignación: “si les hicieron lo que les hicieron, por algo habrá sido”. Los terribles mecanismos del olvido lograron que durante 20 años una franja de la sociedad ecuatoriana, sobre todo su clase media, pierda de vista la importancia de la memoria histórica. A pesar de que el Informe contiene también centenares de recomendaciones no vinculantes como la de entablar procesos judiciales contra los represores que disfrutan de su impunidad, los integrantes de la Comisión son el blanco de la crítica por parte de la oligarquía y de los medios alineados con el poder económico. Incluso se están formando organizaciones de ex policías involucrados en la represión con el fin de enjuiciar penalmente a los comisionados, investigadores y asesores del Informe.

El documento final de la Comisión de la Verdad es un trabajo de profundo rigor histórico e investigativo. Iniciar los procesos judiciales con la gente que ha hecho de la amnesia su capital político sería trascendental para la salud de la democracia y para la dignidad de Ecuador.

Se ha dado un importantísimo paso contra la dictadura de la desmemoria, y es ahora una responsabilidad conjunta del Gobierno y de los ciudadanos que creen en este proceso, crear los espacios de información y de discusión para que la verdad no se pierda nuevamente.

 

Desde Quito