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Tres años de gobierno de Rafael Correa Empuje: en su tercer aniversario, la Revolución Ciudadana volvió a demostrar su compromiso con el cambio: con la participación activa de la ciudadanía se reformó la Constitución, se profundizaron las políticas sociales, se recuperó el control de la economía y se decidió el no pago de la ilegal deuda externa. “Somos revolucionarios y estamos dispuestos hasta a dar nuestra vida para cambiar Ecuador. Estamos aquí para decir basta a la devastación que sufrió nuestro país”, dijo el presidente Rafael Correa en su balance de la gestión. El colapso de las clases dominantes tradicionales en Ecuador que habían liderado la aplicación de la política anticrisis del capitalismo, se concretó el 28 de noviembre de 2006 con el triunfo en la segunda vuelta electoral de Rafael Correa. Cuando el 15 de enero de 2007 inició su mandato el nuevo Presidente lo hizo apegado a los compromisos de campaña: llamó a una consulta popular para edificar una nueva Constitución que sepultara al Consenso de Washington. Uno de los principales logros de la Revolución Ciudadana es el de haber politizado a la sociedad ecuatoriana. La estrategia implícita del así llamado “neoliberalismo” y de la democracia restringida fue desprestigiar a la política para alejar a la ciudadanía del ejercicio del poder público y con ello guardar este importantísimo espacio para que las élites y sus representantes utilizaran al Estado de acuerdo a su voracidad. Por el contrario, el gran debate nacional impulsado por la Revolución Ciudadana permitió reflexionar sobre el destino del país con sus problemas y potencialidades en los más variados campos. La construcción de la nueva Constitución fue el marco para este ejercicio que para su elaboración contó con cinco mil propuestas de los diversos sectores sociales congregados en la pequeña ciudad de Montecristi. 120 mil personas participaron activamente de la reforma constitucional. La preocupación sobre lo público, el Estado, el desarrollo y la planificación nacional, la reinserción del país en el sistema mundial, la soberanía nacional y la sustentabilidad ambiental fueron los temas tratados en las mesas de trabajo que demostraron el salto cualitativo en la cultura política de la ciudadanía. Entierro de la deuda externa Otro de los pasos fundamentales dados por la Revolución Ciudadana fue la decisión de Correa, en noviembre de 2008, de no pagar la ilegítima deuda externa. Al recibir el informe final de la Auditoría Integral del Crédito Público (Caic), el Presidente aseguró que no pagaría “la deuda ilegítima, ilegal y corrupta”. Según la Caic, más de 3.800 millones de dólares estaban mal computados. El llamado a crear una comisión investigadora de la deuda fue una decisión inédita en el continente. Luego de un arduo año de trabajo, la Comisión arribó a conclusiones alarmantes: durante décadas “los organismos multilaterales, la Banca extranjera y demás acreedores, con la participación de autoridades y funcionarios nacionales, impusieron sus condiciones al país, forzaron a un mayor nivel de endeudamiento y a fuertes procesos de ‘reestructuración’ no transparentes que generaron la transferencia de deudas privadas al Estado, canjes y pagos anticipados injustificados y costos onerosos”. Shearson Loeb Rhoades, Lloyds Bank, Citybank, JP Morgan Chase fueron algunos de los bancos involucrados. La decisión de Correa puso fin al proceso de endeudamiento que durante el período comprendido entre 1976 y 2006 se desarrolló en beneficio exclusivo del sector financiero afectando visiblemente los intereses de la nación. “Los condicionamientos impuestos y el pago de la deuda limitaron los derechos fundamentales de personas y pueblos profundizando la pobreza, aumentando la migración y deteriorando las condiciones ambientales”, estableció la auditoría de la deuda en noviembre de 2008. Horizonte Contrariamente a lo que plantea la oposición, Correa no dividió a la sociedad ecuatoriana que ya se encontraba dividida por gigantescas asimetrías sociales. Muy por el contrario, la tarea de la Revolución Ciudadana es denunciar esa realidad para modificarla en pos de una sociedad más justa. La oposición local en Guayaquil, por ejemplo, pugna por imponer su visión de sociedad. Se trata de dos proyectos en lucha: el de impulsar la articulación entre los gobiernos locales y el nacional en pos del desarrollo humano revalorizando lo público estatal y priorizando la alfabetización, la educación, la salud, el incremento de ingresos de los pobres, el acceso al agua y al alcantarillado, frente a la otra opción que implica el manejo privatizador del Estado por parte de las élites. El proceso ecuatoriano se enfrenta hoy a nuevos retos cuyos cumplimientos exitosos lo ratificarán como un referente para otros Estados. La esperanza nacional y la expectativa internacional deben ser satisfechas en el difícil camino que le depara al proyecto político en marcha. Desde Quito, Iván Abril
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