El gobierno del Frente Amplio y la política previsional
“El Estado debe garantizar
la seguridad social”
Derecho: en 1995, el gobierno de coalición conformado por los dos partidos tradicionales (Colorado y Nacional) aplicó una reforma estructural a la Seguridad Social: incorporó el régimen de capitalización individual privatizando la mayor parte del sistema previsional. El actual modelo es cuestionado por los trabajadores por la falta de garantías de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap). Pese a que esa legislación continúa vigente, desde 2005 el gobierno frenteamplista ha dado respuestas a los reclamos de los trabajadores y a los sectores más desfavorecidos de la población.
En plena campaña electoral América XXI consultó a Henry Rocha, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (Atss) y a Rodolfo Reino, integrante de la asociación y de la Mesa Representativa del Pit-Cnt para contrastar los modelos de gestión del Frente Amplio y del Partido Nacional. “El deterioro de las finanzas del Banco de Previsión Social (BPS) es el resultado de las transferencias que el organismo hace a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap)”, dijo Rodolfo Reino. Para completar este panorama, Henry Rocha agregó que “sólo durante 2007 se transfirieron 250 millones de dólares. Este dinero podría haber cubierto parte de las erogaciones que el BPS tiene para pagar sus prestaciones”. El actual sistema de Seguridad Social uruguayo, impulsado por el Banco Mundial, incorpora un régimen mixto de empresas privadas y organismos públicos. Hoy conviven dos modelos: el de la solidaridad intergeneracional administrada por el Estado a través del BPS, y un nuevo modelo de capitalización individual administrado por las Afap. Según los ingresos individuales computables existen tres niveles de cobertura: el primero, acogido en el régimen de solidaridad intergeneracional y financiado por aportes tripartitos obrero, patronal y estatal ampara a afiliados activos con ingresos inferiores a 19.805 pesos mensuales (900 dólares) y brinda todas las prestaciones desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Un segundo nivel, de régimen de capitalización individual obligatorio, donde aparece el nuevo régimen privado de seguridad social, a través de las Afap, que comprende a trabajadores que perciben salarios entre 19.805 y 59.414 pesos (900 y 2.700 dólares); y un tercer nivel, de ahorro voluntario, que comprende a trabajadores con ingresos superiores a 59.414 pesos (2.700 dólares). Todas las Afap son privadas, aunque una de ellas tiene como socios al Banco República Oriental del Uruguay (Brou), al Banco de Seguros del Estado (BSE) y al propio BPS. Estas previsoras administran los ingresos de los trabajadores, cobran comisiones por el servicio que cumplen y efectúan inversiones; si tienen rentabilidad ingresan a incrementar el fondo de reparto para luego liquidar la prestación de pensiones y jubilaciones. Bajo este régimen, la asignación de la jubilación dependerá del saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual a la fecha del traspaso de fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora; de la expectativa de vida del afiliado a la fecha de acogerse a la prestación y de la tasa de interés anual que ofrezca la empresa aseguradora. Según Rocha “nadie garantiza que el trabajador pueda hacer uso del dinero que invirtió. En otros países, las administradoras de fondos se fundieron y los ahorristas, es decir, los trabajadores, quedaron sin nada”. Aquí en Uruguay “muchas de estas administradoras se fundieron en el arranque y tuvieron que fusionarse con otras o directamente desaparecieron del mercado”, recordó. “¿Quién se va a hacer cargo del legado de estas administradoras si quiebran? Será nuevamente el Estado”, comentó el dirigente sindical Reino. Para el trabajador no hay reglas claras: “En ningún lado están escritos los valores de las rentas y de los intereses. Algunas fuentes periodísticas señalan que entre enero de 2008 y enero de 2009, los fondos previsionales privados perdieron 4 mil millones de pesos. Esto conllevó a que los trabajadores que se jubilaron durante 2008 tuvieran una pérdida económica irrecuperable en el valor de sus jubilaciones”, remarcó. Para los trabajadores, la seguridad social es un derecho humano y el Estado debe tener un rol protagónico para garantizarlo. “Rechazamos toda forma de lucro dentro del sistema de seguridad social y defendemos el régimen solidario intergeneracional sin privatizaciones. Las administradoras tienen todo para ganar y nada para perder, el trabajo lo hace el BPS, por lo tanto tienen poca estructura. Prometen a los trabajadores una jubilación mayor a la que pueden obtener a través del BPS, algo que es totalmente falaz”, aseveró enfáticamente Rocha.
El Gobierno bajo la lupa de los trabajadores
“Desde el Frente Amplio (FA) se sostenía que la política económica debía estar en función del accionar social y ese principio se constituyó en el eje del gobierno”, señaló Rocha destacando que “entre 2005 y 2009 se ha logrado mayor cobertura y mejor calidad en las prestaciones mediante la implementación de leyes, decretos y resoluciones del directorio del BPS”. Para los dirigentes, la creación de nuevas fuentes laborales fue propiciada por una política económica estable que dio garantías al empresariado nacional y extranjero. “Se crearon 12 mil nuevos puetos de trabajo y al formalizarse pasaron a recibir beneficios de la seguridad social en todos sus aspectos”, explicó Reino. La primera medida impulsada por el Gobierno fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con participación directa del BPS. “Se hizo un relevamiento a través de una solicitud o inscripción de amparo al Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) de aquellas personas que se encontraban sin recursos, se efectuaron las inscripciones de rigor y en pocos meses miles de personas en situación de indigencia fueron subsidiadas con una partida de dinero sin contrapartida”, destacó el presidente de Atss. Según fuentes oficiales, en 2005, 110 mil personas eran indigentes y luego del programa aproximadamente 42 mil personas salieron de esa situación. El Panes, enmarcado en el Plan de Equidad, derivó en el nuevo régimen de asignaciones familiares, administrada por el BPS, que promueve la integración de 500 mil niños y jóvenes de escasos recursos a las instituciones educativas a través de un subsidio mensual. En materia de negociación colectiva, los dirigentes recordaron que la reactivación de los Consejos de Salarios permitieron un ámbito real de negociación, ya que “no solamente estaba el empresario y el empleado, sino también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss) como moderador de las contiendas y como nexo para la concreción de acuerdos entre las partes”, afirmó Reino. La medida fue acompañada por la creación de fueros sindicales para la protección de los dirigentes, incentivando la formación de 200 nuevos sindicatos y de nuevas leyes que beneficiaron a trabajadores de la actividad pública y privada. “Estas acciones del Gobierno marcan las diferencias de gestión, muy diferentes a las del ex presidente Luis Alberto Lacalle (PN), en la cual se aplicaron políticas de privatizaciones, como la creación de las Afap, se aumentaron los años de trabajo, se redujo la tasa reemplazo para la liquidación de las jubilaciones y se perdieron miles de puestos de trabajo”, recordó Rocha. “En 1990 todo era mejor fuera del Estado. Se lo demonizaba para privatizar sus empresas. Hasta hoy recordamos la famosa expresión del doctor Lacalle refiriéndose al salario de los trabajadores públicos: ‘Ellos hacen que trabajan y yo hago que les pago’. Inversamente, este gobierno, que sabemos y sentimos que le faltan cosas, ha tenido respeto hacia el más humilde y ha intentado crear condiciones para los trabajadores”, aseguró Reino. Para los dirigentes, el desafío del próximo gobierno será priorizar las prestaciones básicas de la seguridad social con propuestas integrales en todas las coberturas. “Apostamos a seguir edificando una seguridad social sin inequidades, conformada por respuestas sostenibles que garanticen mejor calidad de vida para toda la población”, concluyó Rocha.
Desde Montevideo, Georgina Rodríguez
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