Máximo Paz, Buenos Aires: el ejemplo de Frigocarne, recobrada por los trabajadores
Recuperar una empresa
en medio de la crisis
Por Pedro Jorge Solans
Organización: la planta frigorífica Frigocarne fue recuperada por sus trabajadores en 2004. Desde entonces 150 personas sostienen la producción que faena 10 mil vacunos y produce el 50% de la capacidad de la planta. En la actualidad, exportan dos mil reses a Venezuela. Entablar relaciones comerciales con Rusia, China y los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba) generaría otro centenar de puestos de trabajo genuinos en la cooperativa.
La planta frigorífica Frigocarne, recuperada por los obreros, cumplió cinco años de trabajo sostenido y hubo fiesta popular en Máximo Paz, provincia de Buenos Aires. La cooperativa está sostenida por el trabajo diario de 150 personas. Produce el 50% de la capacidad de su planta, faena 10 mil vacunos. Es la principal impulsora de la economía del pueblo. Los “trabajadores sin patrón” saben que su horizonte está en la exportación y trabajan con ese objetivo. Recientemente, recibieron un crédito otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con el fin de alcanzar los requisitos que exige el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para integrar la lista de exportadores. En la actualidad, sólo pueden exportar dos mil reses a Venezuela, y con entusiasmo esperan la visita de una comitiva venezolana del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (Sasa). Entablar relaciones comerciales con Rusia, China y los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba) generaría otro centenar de puestos de trabajo genuinos en la cooperativa.
La hora de la infamia
El 21 de octubre de 1968, la familia de Guillermo Piczman fundó el frigorífico Máximo Paz S.A. La empresa generó empleos directos e indirectos en el partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Los pequeños comercios y la economía informal de la zona crecieron al ritmo del desarrollo del frigorífico, de un peladero de aves y de una fábrica de productos químicos. Los vecinos de Máximo Paz proyectaron sus vidas en un mapa de esperanza hasta que se quedaron sin nada en 1976. De la mano del golpe militar, el frigorífico pisoteó las leyes comerciales, laborales y sociales. Los Piczman aprovecharon sus relaciones con los sectores más oscuros de la dictadura militar (1976- 1983) y lograron una rentabilidad excesiva. Se apropiaron indebidamente de los recursos de los trabajadores, del Estado, de los productores y de los prestadores de servicios de la industria privada. Con el retorno de la institucionalidad, los Piczman cobijaron a varios sectores de la dictadura y se aliaron con algunos referentes del gobierno de entonces, presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989). En el período de gobierno de Carlos Menem (1989-1999) la desprotección de los trabajadores fue total y fueron arrasadas las pocas reivindicaciones que estaban en pie. Habían desaparecido las luchas sociales y económicas en el frigorífico. Florecieron las faenas en negro, la evasión, los atropellos, los allanamientos, las clausuras y los despidos. En febrero de 1993 hubo un hecho que marcó a fuego a los trabajadores: Guillermo Piczman alquiló la planta con los obreros dentro como si fueran muebles. La nueva situación llevó a los trabajadores al desempleo, la subocupación y la pobreza. Con el aprovechamiento de la crisis global para su propio beneficio, la familia Piczman provocó tres abandonos de planta con quiebras incluidas. Los trabajadores fueron empujados al paro forzoso desde febrero a septiembre de 1998. Luego se repitió la experiencia desde diciembre de 2000 hasta mediados de 2001. Yla última fue en diciembre de 2003. En marzo de 2004, los obreros en asamblea resolvieron cambiar el curso de la historia.
Del vaciamiento a la acción
El 27 de marzo de 2004 los trabajadores desocupados decidieron recuperar la planta. La acción fue rápida y original. Raúl Oscar Ruiz Huidobro, Antonio Ocampo, Enrique Miguel Saavedra, Mirta Aranda, Estela Ayala y Bartolomé Carabajal, entre otros, ingresaron al frigorífico, tomaron la guardia, desarmaron a la seguridad y se quedaron dentro con las armas. “En la última asamblea como trabajadores desocupados supimos que la búsqueda del pan era una larga lucha desigual por la dignidad y la felicidad. Aprendimos que hay que dar y poner todo. Pero también nos dimos cuenta que necesitábamos una cancha para jugar nuestro propio partido”, recordó Raúl Oscar Ruiz Huidobro, tesorero de la Cooperativa Frigocarne. El municipio de Máximo Paz y Piczman intentaron desalojarlos. Después tuvieron que soportar la embestida de otros carniceros. Pero todos corrieron la misma suerte que los agentes de seguridad de los Piczman: los trabajadores mostraron firmeza con las armas arrebatadas en la guardia y resistieron. Tras la posesión de la planta, resolvieron sus diferencias internas en largas y ásperas discusiones y coincidieron en la necesidad de crear una herramienta social. Surgió entonces la propuesta de una cooperativa para producir y comercializar socialmente, que tuviera como fin el trabajo y no el capital. “De esa manera, no podíamos hablar de ganancias, sino de excedentes en función del trabajo realizado. Ése era nuestro último y, contradictoriamente, primer objetivo”, señaló el cooperativista Ruiz Huidobro. Pero los nuevos obreros-socios necesitaron un tiempo de discusión para lograr plena conciencia de que no habían dejado de ser parte de la clase obrera. “Sólo nos habíamos apropiado de un medio de producción. Habíamos logrado despedir a los patrones, y sin patrón, empezamos a realizar el sueño de muchos obreros”, señaló el actual tesorero. Sin embargo, el paso de la relación de dependencia a la relación asociativa fue un proceso muy traumático, porque los trabajadores estaban acostumbrados a cobrar por quincena, por mes, por aguinaldo, y se pasaba a una situación en que se dependía de los anticipos de retorno, o de los ajustes cuando se realizaban los balances.
La reacción
La puesta en marcha de la planta de Frigocarne generó una contraofensiva del grupo más fundamentalista del sector cárnico que no escatimó amenazas, persecuciones y conflictos de baja intensidad. “Lo que más le dolió a la patronal de la carne fue que despedimos al patrón y formamos un nuevo actor social que controla los vaciamientos de empresas y las quiebras fraudulentas”, relató Estela Ayala, socia-trabajadora. “Los trabajadores sin patrón recuperamos fábricas, somos quienes podemos controlar a los empresarios delincuentes y evasores apañados por políticas del Fondo Monetario Internacional”, sostuvo. Con la puesta en marcha de la planta se acentuó la persecución empresarial que fue desde amenazas a los trabajadores hasta el soborno institucional. “La producción bajo la figura de sociedad anónima provocó graves conflictos en el aspecto tributario, que luego fueron utilizados en contra de los trabajadores”, acotó Ruiz Huidobro. En una carta que los obreros enviaron a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba), preguntaron: ¿Por qué no nos dejan exportar? ¿Acaso no se pueden dictar normas que contemplen y favorezcan los intereses de nuestro sector? ¿Por qué hay sólo subsidios y excepciones para las empresas privadas y no puede haberlos para los obreros? ¿No se podrán lograr políticas públicas que garanticen los intereses del nuevo actor social en el marco tributario, laboral, gremial y previsional?
Un nuevo actor social
“Fricarnespat y Frigocarne no constituyen
un mecanismo del mercado, ni un
sistema para aprovecharse del Estado.
Son parte del nuevo actor que produce y
comercializa carne”, dijo Antonio Ocampo,
trabajador-cooperativista. Desde otra
experiencia, así lo explicó Alejandro
Eguiguren, dirigente y gerente general de
la Cooperativa Integral de Villa Carlos
Paz, en la provincia de Córdoba: “no se
puede tratar a las fábricas recuperadas
como si fueran empresas capitalistas que
acumulan riquezas”.
Los “trabajadores sin patrón” pidieron
al Estado un trato especial a través
de la condonación de la deuda impositiva
heredada de la quiebra o la excepción
del pago de los impuestos. También
señalaron que reformar la Ley de Quiebras
facilitaría la vuelta a la producción
de empresas quebradas y recordaron que
la última vez que se reformó fue por exigencia
del establishment y del FMI con
el fin de proteger los intereses de los
acreedores. La ley vigente establece que
la indemnización de los empleados es
del 50% sin intereses, mientras que el
acreedor aspira a cobrar el 100% de su
crédito más intereses. Según Ruiz Huidobro,
se necesita una reforma a la ley
de quiebras que defienda la fuerza laboral,
y un nuevo esquema impositivo que
garantice los intereses de los trabajadores
que recuperan empresas quebradas
por los empresarios.
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