Amazonía: pese a la represión, la lucha indígena detiene venta de tierras
Alan García al filo del abismo
Victoria: la larga lucha indígena y la solidaridad internacional obligaron al gobierno de Alan García a derogar dos decretos que permitían vender grandes extensiones de tierra en la Amazonía. Según cifras oficiales, 33 personas murieron en dos días de protestas. En Bagua nadie cree en esta cifra: diferentes testigos aseguran haber visto decenas de cadáveres que habrían sido quemados, puestos en bolsas de plástico y arrojados al caudaloso río Marañón desde helicópteros policiales. Hasta el cierre de esta edición, 60 personas continúan desaparecidas. La utilización de la maquinaria del Estado para llevar adelante este genocidio pone al gobierno de Alan García al borde del precipicio
Antes de las 6 de la mañana del viernes 5 de junio, un destacamento de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional inició el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde, de la provincia de Bagua en la región Amazonas, al norte de Perú, que se encontraba bloqueada desde hacía 10 días por unos 3.800 manifestantes de las etnias awajun y wampis.
Los efectivos de la policía usaron gases lacrimógenos y armas de fuego, y estaban apoyados por helicópteros que también dispararon desde el aire. El enfrentamiento fue cruento y duró casi todo el día, terminando unas 12 horas después con un triste resultado: al menos ocho policías y cinco indígenas muertos, según cifras oficiales.
Numerosos testigos aseguran que hubo decenas de víctimas civiles y que los cuerpos han sido deliberadamente ocultados.
Los choques no acabaron allí. Cuando, a través de la radio, la población de las ciudades de Bagua, Bagua Grande y Jaén tomó conocimiento del inicio de la represión, hubo una reacción espontánea que derivó en manifestaciones de solidaridad y ataques y saqueos a locales estatales y del partido de gobierno, el Apra. La policía apostó francotiradores en los techos de algunos edificios. Según la información disponible, aún poco clara, cinco policías y cuatro civiles murieron en estos enfrentamientos.
En la localidad de Kusú Grande, a unas siete horas de viaje desde Bagua, tres mil indígenas mantenían tomada la estación 6 del Oleoducto NorPeruano desde hacía 44
Allí se encontraban destacados 38 efectivos de la Dinoes, que por su inferioridad numérica habían resuelto establecer un “acuerdo de no agresión” que se había mantenido sin problemas hasta el 5 de junio. Pero cuando llegaron a través de la radio las primeras informaciones del desalojo en la carretera y los manifestantes sintieron que el acuerdo había sido traicionado, la indignación desbordó la capacidad de control de los sectores que no querían nuevos hechos violentos y los efectivos fueron tomados como rehenes.
Sus superiores en Lima ni siquiera habían tenido la precaución de advertirles que esa mañana iba a realizarse un operativo violento en Bagua, y mucho menos de evacuarlos o reforzar su seguridad. Al día siguiente, nueve de ellos fueron ultimados como venganza, y dos más murieron después a causa de las heridas. Según el Gobierno, 33 personas murieron en estos dos días: 24 policías y nueve civiles
En Bagua nadie cree en esta cifra y varios testigos aseguran haber visto decenas de cadáveres que habrían sido quemados, puestos en bolsas de plástico y arrojados al caudaloso río Marañón desde helicópteros policiales. Aunque no hay pruebas sobre estos hechos, para observadores y organismos de derechos humanos, resulta muy sospechoso que la policía no haya permitido el ingreso de autoridades civiles ni de ciudadanos al lugar donde se produjeron los peores enfrentamientos hasta cinco días después. Muchas personas aseguran que al acercarse a la zona para buscar a sus familiares fueron amenazados por las fuerzas policiales. Cabe agregar que, al momento de escribir estas líneas, 60 indígenas continúan desaparecidos.
Por la gravedad de estas denuncias, el propio Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, James Anaya ha solicitado la conformación de una comisión independiente que investigue lo ocurrido y establezca responsabilidades.
¿Cómo se llegó a esta situación?
En septiembre de 2007, Alan García publicó en el principal diario conservador del país, El Comercio, su primer artículo de una serie que explicaba las apuestas políticas y económicas de su segundo mandato. El título, El síndrome del perro del hortelano, es suficientemente explícito: “el Perú tiene importantes recursos naturales y aquellos que no quieren permitir ‘la inversión’ son como el ‘perro del hortelano’ que no come ni deja comer”. En el artículo dice que para invertir en la Amazonía “se necesita propiedad, es decir, un terreno seguro sobre cinco mil, 10 mil o 20 mil hectáreas”, y pone la mira en “millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán”. Es imposible analizar los acontecimientos posteriores sin tomar en cuenta esta clave de lectura.
Durante 2007, el Presidente y el Jefe de la petrolera estatal PerúPetro aseguraron que los indígenas no contactados, es decir, los cerca de 15 pueblos en aislamiento voluntario que ocupan codiciadas zonas ricas en hidrocarburos, “no existen” y serían una “invención” de los ambientalistas. El mismo año, el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), que tenía rango ministerial y debía servir como interlocutor desde una perspectiva intercultural, fue rebajado de nivel y convertido en una oficina dentro del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. También en 2007, el Ministerio de Educación, que había venido desmantelando los pequeños avances anteriores en educación bilingüe intercultural, impuso un examen único, centralista y en castellano para ingresar a los institutos pedagógicos. El resultado: cero ingresantes indígenas, lo que constituye una manera de eliminar la formación de futuros maestros bilingües.
En diciembre del mismo año, el Congreso otorgó al Ejecutivo facultades legislativas extraordinarias para “adecuar” las leyes peruanas a las exigencias del TLC con Estados Unidos. En junio de 2008 se terminó de emitir un total de 102 decretos legislativos referidos a las materias más diversas, muchos de los cuales no tenían realmente una relación con el TLC. En este contexto de amenazas y desprecio, los pueblos indígenas entienden que 10 de las normas tenían como objetivo desaparecerlos, por ser considerados un obstáculo para el desarrollo bajo un modelo extractivista y latifundista.
En efecto, las lógicas que articulan estos decretos son la de facilitar la parcelación y venta de los territorios comunales, y la de entregar recursos naturales y grandes extensiones de tierras a grandes inversionistas.
Derogación de los decretos
La lucha indígena ha obligado al Ejecutivo a retroceder y a derogar tres de estos decretos. Uno de ellos fue derogado el año pasado, tras el primer y contundente paro nacional amazónico de agosto de 2008. En diciembre de ese mismo año, una comisión multipartidaria del Congreso, conformada como parte de los acuerdos que permitieron el levantamiento de las medidas de fuerza, emitió un informe en el que recomendaba la derogatoria de todos los demás decretos por considerarlos inconstitucionales. Sin embargo, hasta abril ese informe no había sido tomado en cuenta, pese a las numerosas cartas que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) envió a diversas autoridades para hacerles recordar sus compromisos. El 9 de abril, Aidesep convocó al segundo paro amazónico, pero tras 56 días de protesta parecía que el Gobierno no iba a ceder. Una semana después de la represión y la violencia, y en medio de una enorme ola de solidaridad nacional y mundial a favor de las demandas indígenas, el Ejecutivo dio un giro de 180 grados y aceptó derogar dos decretos más y “estudiar” el resto.
Panorama actual Este largo conflicto ha puesto al Ejecutivo al filo del abismo, pues actualmente es atacado por todos los flancos. Desde la izquierda, el nacionalismo y las organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, se le exige enterrar definitivamente su proyecto de radicalización neoliberal y se le cuestiona seriamente por las sospechas de que en Bagua se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, lo que lleva a algunos a plantear la vacancia presidencial. Por la derecha, se le acusa de debilidad y de haber planificado torpemente la represión, exponiendo innecesariamente la vida de los efectivos policiales. Y para otras numerosas localidades y sectores en conflicto, la derrota del Gobierno ha creado el escenario perfecto para un auge de las medidas de lucha con la esperanza de forzarlo a firmar acuerdos que antes difícilmente hubiera aceptado.
Al cierre de esta edición, se están sucediendo protestas en Andahuaylas, La Oroya, Sicuani, Puno y otras regiones. El Ejecutivo está desarrollando una actitud ambigua, la característica “escopeta de dos cañones” aprista. En el discurso y la práctica pública, el Presidente y su premier, Yehude Simon, aparentan un cambio de actitud, una tibia autocrítica y una voluntad de diálogo. A pesar de eso, la maquinaria represiva sigue andando: Alberto Pizango, principal representante indígena, tiene orden de captura y actualmente se encuentra asilado en Nicaragua; los principales dirigentes indígenas también tienen denuncias penales abiertas; siete congresistas nacionalistas fueron suspendidos por exigir la derogatoria de los decretos hoy derogados; Carlos Rivera, abogado de una de las instituciones que está investigando las posibles desapariciones forzadas durante el operativo de Bagua, fue detenido y amedrentado hace pocos días por orden de un juez de la Corte de Lima, controlada por un dirigente aprista; radio La Voz, una emisora local de la región Amazonas, ha sido arbitrariamente cerrada
Desde Lima, Paul Maquet
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