El Congreso de la Unión aprobó la reforma de Petróleos Mexicanos
El camino de la privatización

Entrega: a fines de noviembre las dos cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la reforma de Pemex. La propuesta había sido enviada al Senado por el presidente Felipe Calderón en abril. Ni las movilizaciones populares, ni los resultados de los referendos realizados en todo el país pudieron frenar la aprobación de la medida. Con la reforma, quedan sepultados 70 años de soberanía energética.

La aprobación de la reforma de la empresa paraestatal Pemex continúa desatando tensiones en un país donde el petróleo es un símbolo de soberanía nacional. La propuesta de reforma fue enviada al Senado en abril por el presidente Felipe Calderón. La iniciativa del jefe del Ejecutivo significaba, a contrapelo de lo subrayado por el discurso oficial, la apertura de la industria energética al capital transnacional. “El proyecto de Calderón deja a México desprotegido y subordinado a la política militar de Estados Unidos y a su plataforma continental de seguridad”, opinó el intelectual argentino Adolfo Gilly. Por su parte, Alfredo Jalife Rahme, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), expresó: “A contracorriente de la tendencia mundial de preservar las reservas del mineral en manos de los Estados, en México se actúa en sentido opuesto”.

Recapitulación

Los legisladores pertenecientes al Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia, conjuntamente con el movimiento de masas impulsado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, impidieron en abril una aprobación de la reforma vía fast track (camino exento de las normales demoras de un procedimiento legal convencional). Durante 16 días ocuparon las tribunas presidenciales del Congreso para evitar que se discutiera la propuesta gubernamental y exigir la apertura de un debate nacional con la participación de todos los sectores del país. Importantes movilizaciones de masas cercaron durante más de dos semanas las instalaciones del órgano legislativo en apoyo a la acción de los congresistas del FAP. Finalmente se le dio luz verde a una veintena de foros senatoriales que acapararon la atención mediática durante más de dos meses y que dejaron ver las posiciones dispares en el escenario político.
En los meses de julio y agosto las fuerzas del FAP llevaron a cabo tres referendos en todos los Estados del país, incluida la capital. Los resultados arrojaron un rotundo No a la privatización del crudo.
Al reanudarse en septiembre las sesiones legislativas, ya había cuatro proyectos de reforma petrolera sobre la mesa de discusiones del Senado. Al del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) se le sumaron el de la FAP y el de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista.
Finalmente ambas cámaras legislativas dieron su visto bueno a los siete dictámenes de la reforma de Petróleos Mexicanos. Los congresistas avalaron las leyes de la Comisión Reguladora de Energía, de Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De igual modo a las de Aprovechamiento de las Energías Renovables, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Reglamentaria del artículo 27 constitucional y la Ley de Petróleos Mexicanos.

Desnacionalización y pérdida de la soberanía

Los dictámenes referentes a Pemex, derivados de un arduo proceso de negociación sobre todo dentro del Senado, recibieron en el Parlamento el apoyo del panismo y del priísmo. La mayoría de los legisladores del PRD, cuyo Comité Nacional consideró que se habían podido frenar las pretensiones privatizadoras mostradas en la propuesta inicial del Ejecutivo, también acordaron. Sin embargo, una parte de los perredistas y otras formaciones de la izquierda mexicana advirtieron que la letra final del paquete legislativo contiene intersticios favorables a la penetración de las transnacionales en la industria del crudo.
El analista Carlos Payán comentó que el festejo de los grupos oligárquicos era prueba del cariz privatizador de la iniciativa. “Quienes no festejaron –expresó el articulista de la prensa mexicana Carlos Fazio– fueron López Obrador y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que frenaron la gran embestida privatizadora, pero no lograron pararla de manera definitiva”.
Expertos en la materia afirman que al no quedar explícito en los dictámenes la prohibición de otorgar áreas exclusivas del territorio a un solo contratista, se deja el camino abierto para la participación de las empresas privadas en la explotación de los hidrocarburos. “La reforma dejó rendijas para la privatización”, insistió el jurista Jaime Cárdenas Gracia. “En el artículo 60 de la Ley de Pemex se permiten los contratos con compensación, contrario a lo expresado por los parlamentarios que respaldaron la iniciativa”, precisó Cárdenas Gracia. El jurisconsulto también agregó que en el artículo 72 de la legislación se afirma que la empresa estatal puede recurrir a la jurisdicción internacional, otro de los intersticios favorables a las transnacionales. En coincidencia con el legista, el diputado por el PRD, José Antonio Almazán, consideró que el enfoque desestatizador es también verificable en el ordenamiento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.
El combate por la soberanía energética seguirá marcando la agenda política del país en los próximos meses. El pueblo no se resiste a manchar el minuto histórico del 18 de marzo de 1938 cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas anunció que el petróleo de México sería de los mexicanos.

Desde Ciudad de México, Tania Peña