Reestatización del Banco propiedad del grupo Santander
El Estado y la revolución
Por Stephanie Blankenburg

Plan en marcha: las nacionalizaciones son un elemento indispensable de cualquier estrategia del desarrollo económico productivo, dada la actual constelación de fuerzas políticas y económicas en el país. Indispensables desde un punto de vista objetivo económico, no significa que funcionarán en la práctica. ¿Cuáles son los prerrequisitos esenciales para asegurar que se conviertan en un modelo viable de una gestión justa, participativa y eficiente, y por tanto verdaderamente superior a los modelos capitalistas? En el caso de la nacionalización del Banco de Venezuela, se puede ver en él un plan gradual para limpiar el sistema público de inversiones financieras poco viables y obligar a la banca privada a hacer lo mismo. El nuevo enfoque prevé aumentar el acceso masivo de la población a servicios financieros y otros servicios del Estado, retirar el dinero del Estado de la banca privada y reorganizar la banca estatal a fin de facilitar un manejo centralizado y eficiente de los recursos. Nacionalizar un banco sólido y relativamente grande es un elemento clave de la estrategia. Esta nota continúa la reflexión iniciada en la edición de América XXI de julio pasado.

El presidente Chávez anunció el 31 de julio la decisión de nacionalizar el Banco de Venezuela (BdV). De esta manera se esfuma cualquier duda sobre el carácter fundamental de las nacionalizaciones venezolanas del último año y medio: no obedecen simplemente a la lógica de una marcha atrás respecto a las privatizaciones de los años 1990, sino a un sentido estratégico del desarrollo nacional en el largo plazo. Si bien las dos nacionalizaciones más recientes –BdV y Ternium-Sidor– son las que ponen en relieve de manera más enfática esta lógica, también existen diferencias entre ambos proyectos que son significativos para una mejor comprensión de la complejidad del proceso de nacionalizaciones en Venezuela.
¿Por qué nacionalizar BdV? Es uno de los bancos más antiguos del país. A lo largo de su historia desde su fundación en 1890, ha sido controlado por diversos grupos económicos y políticos, incluyendo su breve nacionalización en pos de la crisis bancaria de 1994. En 1996, fue reprivatizado por 352 mil millones de dólares, pasando a manos del Grupo Santander. Actualmente el BdV es el tercer banco más grande del país. Se destaca por su no involucramiento en la especulación financiera con diferentes tipos de notas estructuradas que al día de hoy afectan la viabilidad de algunos bancos venezolanos. Sus principales ventajas son su amplia red de 269 oficinas en todo el país y su plataforma tecnológica.
Con la entrada del nuevo ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, en junio de 2008, se percibe una nueva determinación del Gobierno para enfrentar sistemáticamente los principales males del sistema bancario: aparte de un plan gradual para limpiar el sistema público de inversiones financieras poco viables –y de obligar a la banca privada a hacer lo mismo– el nuevo enfoque prevé aumentar el acceso masivo de la población a servicios financieros (y otros servicios del Estado), retirar el dinero del Estado de la banca privada y reorganizar la banca estatal a fines de facilitar un manejo centralizado y eficiente de los recursos. En este contexto, el paso de nacionalizar un banco sólido y relativamente grande es un elemento clave de la estrategia. La idea principal es “municipalizar” los servicios del nuevo banco nacionalizado, y transformarlo en el principal pagador del gobierno.

La reestatización de Sidor

Se le ha dado mucha publicidad a la reestatización de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), desde abril de este año. Se trata de la acería más grande de América Latina. Fue privatizada en 1997 y adquirida por el consorcio Amazonia, compuesto por capitales argentinos, brasileños y venezolanos pero bajo control efectivo del holding italo-argentino Techint. Si bien ese consorcio logró durante su gerencia doblar la producción máxima de la empresa, este éxito se debía, en gran medida, a factores poco productivos: una posición prácticamente monopolista en el mercado venezolano de acero plano, fuertes subsidios del Estado en la provisión de insumos y, sobre todo, una descarada explotación de sus trabajadores, incluyendo la tercerización de cerca de dos tercios de su fuerza de trabajo y una verdadera desconsideración respecto de la Constitución y la legislación laboral del país.
Fue sin duda, este último factor y la lucha prolongada de los trabajadores de Sidor en contra de esa explotación, la que provocó la decisión del Gobierno de renacionalizar la empresa. Sería precipitado pensar que, por tanto, Sidor es un ejemplo de una nacionalización “desde abajo” a diferencia evidente del caso del BdV, y de nacionalizaciones anteriores en los sectores de servicios. De hecho, la decisión fue una sorpresa tanto para los trabajadores como para la gerencia. Tras años de enfrentamiento empatado entre la gerencia y los trabajadores, fue la intervención “desde arriba” del jefe de Estado que jugó en favor de los trabajadores. Si bien el jefe de Estado no hubiera podido dar vuelta la situación sin el respaldo decidido de los trabajadores, también es cierto que en la organización obrera no predominaba una voluntad colectiva suficiente para imponerse a sus adversarios empresariales sin el respaldo del Presidente.

Similitudes y diferencias

Ambos proyectos de nacionalización son pasos importantes hacia la reducción y el control de la influencia de inversionistas extranjeros con una agenda de intereses particulares poco compatibles con una estrategia nacional del desarrollo endógeno. En ninguno de los dos casos se esperan mayores contratiempos en las negociaciones sobre la compraventa. Finalmente, ambas nacionalizaciones dependen, en última instancia, de la capacidad del Estado de llevarlas adelante. Más allá de estas observaciones generales comienzan las diferencias: la nacionalización del BdV encaja fácilmente dentro del marco de una estrategia de desarrollo que combina la apertura de la economía y de la política hacia los sectores populares con un rol guiador del Estado central. La creación de una estructura descentralizada de organizaciones comunales con finalidades económicas y políticas –lo que en Venezuela se llama “la nueva geometría del poder”– no necesariamente implica una contradicción con la centralización de algunos poderes y funciones en manos del Estado. El caso del BdV es un buen ejemplo: de un lado, la “municipalización” prevista de sus servicios significa un paso más hacia la apertura de la economía a los sectores comunales y populares. De otro lado, su futuro rol de principal pagador del gobierno centraliza y reordena el control sobre las finanzas del Estado central, condición ineluctable para una administración eficiente de dichos recursos.
La nacionalización del BdV también contará con una experiencia creciente del Gobierno en la transformación de servicios privados en servicios comunales y estatales. La principal limitante es, sin duda, la capacidad gerencial requerida para supervisar esta transición. Sin embargo, si pueden creerse las quejas de los representantes de grandes empresas nacionales y transnacionales,  existen fuertes cuellos de botella en la disponibilidad de cuadros técnicos y gerenciales con altos niveles de formación actualmente perjudican a toda América Latina, debido a una elevada fuga de su talento humano a países industrializados, en gran medida independiente de los regímenes políticos de los diferentes países. Aun así, y si bien la transformación prevista es ambiciosa y exigente, también cuenta con ciertas ventajas típicamente asociadas con los sectores de servicios: la brecha, en términos de calificaciones técnicas y de contextos sociales, entre la fuerza de trabajo administrativa y los estratos gerenciales es relativamente pequeña. La cohesión social entre empleados, por lo general reclutados de las clases medias y medias bajas, tiende a minimizar el potencial de fricciones en el proceso de reorganización. Además, el nivel absoluto de la productividad en servicios, y su elasticidad respecto a reestructuraciones y trastornos, generalmente, es menor que en rubros industriales. Finalmente, la nacionalización del BdV tiene la ventaja que se da en el contexto de un nuevo enfoque coherente de las políticas del Estado hacia el sector financiero.
Desafortunadamente, muchas de las condiciones favorables con las que cuenta la nacionalización del BdV, no se presentan en el caso de Sidor. Del lado positivo, el 12 de mayo se firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo que beneficia sustancialmente a los trabajadores e integra a la gran mayoría de los tercerizados a la nómina fija de la empresa. Asimismo, las negociaciones con el grupo Techint progresan en relativa armonía. Techint aceptó una participación accionaria de 10% y probablemente reciba un precio cercano a los dos mil millones de dólares por el restante 50% de los títulos del complejo siderúrgico bajo su control.
Sin embargo, por el momento prevalece un ambiente de incertidumbre. Puntos importantes de la agenda laboral –el diseño de un nuevo tabulador, el pago de las vacaciones a salario normal y la revisión de los contratos individuales del personal de la nómina de conducción– quedan pendientes. Además, si bien los cuatro meses que han pasado desde el anuncio de la nacionalización es poco tiempo, y cualquier proceso de transición significa un precio pasajero a pagar en términos de eficiencia, la actual incertidumbre en Sidor es sintomática de problemas profundos.

El desafío de las industrias básicas

Desde hace décadas, las industrias básicas y de minería de Venezuela han sido plagadas de redes clientelares –entre capitales extranjeros, clanes rentistas regionales y una elite de trabajadores privilegiados– operando en algo parecido a un paraíso del “libre robo”. Antes de 1998, el Estado oligárquico tenía poco interés en intervenir en esta situación. Después de 1998, el brazo del Estado no fue suficientemente fuerte para darle vuelta decisiva a la dominación clientelar del sector. Tan sólo el monto de inversiones requerido para sanar las empresas de la industria básica de décadas de corrupción –un estimado habla de cerca de tres mil millones de dólares– sobrepasa incluso los amplios recursos del Estado venezolano.
En este contexto, una transición a nuevos modelos de gestión participativa evidentemente es difícil de lograr. Primero, a diferencia del sector agro-alimentario, donde un triángulo de cooperación entre pequeñas y medianas empresas privadas, sectores comunales y el Estado puede funcionar bien, por su naturaleza tecnológica a gran escala una gestión eficiente y productiva de las industrias básicas presupone un sistema sofisticado de planificación sectorial y, en una transición socialista, también un sistema de contabilidad socialista. Evidentemente, la elaboración e implantación de dichos sistemas es una labor de muchos años. Sin embargo, también es cierto que el manejo de grandes empresas industriales no encaja fácilmente dentro de una estrategia de desarrollo la cual enfoca, sobre todo, el rol de una economía comunal, por definición de producción a pequeña escala.
Segundo, mientras no se ha podido reorganizar la planificación sectorial, experimentar con nuevos modelos de gestión a nivel empresarial es arriesgado. En particular, modelos basados en la participación accionaria de los trabajadores son problemáticos. Estos modelos están ganando importancia en economías capitalistas con grados relativamente altos de la organización sindical de las clases obreras, o en algunos países en desarrollo, como por ejemplo Sudáfrica, donde se está empujando una transformación hacia un capitalismo “progresivo” dentro del contexto de un alto grado de organización sindical tras largas luchas anticolonialistas y antirracistas.
No obstante el gran valor y la determinación de los “sidoristas”, en Venezuela la clase obrera no cuenta con un alto grado de organización sindical, en términos históricos. En este contexto, el modelo del “capital accionario trabajador”, en vez de fortalecer la oposición obrera ante los grandes capitales, corren el riesgo de simplemente transformar a algunos trabajadores en pequeños rentistas y profundizar las divisiones entre trabajadores. En Sidor ya se están manifestando estas divisiones entre algunos trabajadores accionistas que defienden su interés económico a corto plazo y el liderazgo sindical con objetivos colectivos más a largo plazo. Pero incluso si la transición a un modelo de gestión participativo y eficiente pudiera lograrse sin mayores trastornos productivos, es más que dudoso que una Sidor socialista pueda sobrevivir en aislamiento dentro de un sector que sigue siendo dominado por grupos clientelares.

Soluciones transitorias

En esta situación, lo que más se necesita es tiempo y soluciones transitorias para ganarlo. Elementos parciales de una política de transición en este sentido podrían incluir:

a. reclutamiento sistemático de cuadros técnicos con una alto nivel de formación profesional-técnica, experiencia sustancial como cuadros sindicalistas y alguna experiencia en asistencia técnica (si es necesario apelando a extranjeros, con todos los recaudos del caso); y enérgico plan sistemático de formación de cuadros obreros.
Es decir, un programa de contratación temporal de cuadros técnicos sin vínculos con las redes clientelares del pasado en Venezuela ni con las grandes empresas capitalistas, con foco en sus calificaciones técnicas y sindicalistas, combinado con un eficiente programa de formación de cuadros extraídos del proceso de lucha sindical en el último período.
b. promoción de inversiones extranjeras en las industrias básicas desde países solidarios con el actual proceso de transformación socialista en Venezuela, una medida ya en marcha a nivel nacional;
c. la elaboración y la implantación gradual y secuencial de sistemas de planificación sectorial y de contabilidad socialista así como de un modelo de cogestión que elimina las divisiones tradicionales entre cuadros gerenciales y trabajadores en favor de una gestión rotativa por equipos.

De parte de los “sidoristas” todo esto requiere de mucha paciencia y mucha madurez política para lograr un equilibrio difícil entre colaborar con un Estado en transición y empujar la transformación revolucionaria de este Estado “desde abajo”.