Córdoba: cadena perpetua y cárcel común para el represor Luciano Benjamín Menéndez
Condenada la mano asesina del capital

 

Destiempo: el 24 de julio, Luciano Benjamín Menéndez, uno de los generales emblemáticos de la última dictadura militar (1976-1983) fue condenado a cadena perpetua en cárcel común por la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y el homicidio de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1977. Junto a Menéndez, que cumplió 81 años durante el juicio, fueron sentenciados seis militares y un civil, integrantes del grupo de tareas que comandara el Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Perla por donde pasaron más de dos mil personas, hoy desaparecidas. El 29 de agosto, Menéndez volvió a ser condenado junto al gobernador de facto de Tucumán, Antonio Bussi a cadena perpetua por la desaparición en 1976 del senador peronista Vargas Aignasse.

“¡Les llegó la hora!”, gritaron los familiares y los integrantes de los organismos de Derechos Humanos al conocer la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Córdoba que el 24 de julio condenó a Luciano Benjamín Menéndez a cadena perpetua en una cárcel común, histórico reclamo de las madres, abuelas e hijos de los 30 mil desaparecidos de la última dictadura militar (1976-1983).
Menéndez fue el responsable de montar La Perla, el mayor centro clandestino del interior del país, por donde pasaron más de dos mil personas, hoy desaparecidas. Dirigió el Tercer Cuerpo del Ejército desde 1975 hasta 1979 cuando fue pasado a retiro por intentar un golpe de Estado contra el propio gobierno de facto y estuvo a cargo del comando represivo de la zona “tercera” que comprendía 10 provincias desde el Centro al Oeste del país.
La causa por la cual se sustanció el reciente juicio contra Menéndez investigó el secuestro, la aplicación de torturas y el asesinato de cuatro jóvenes militantes del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) en noviembre de 1977: Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo.
Además de Menéndez, los suboficiales Luis A. Manzanelli (69), Carlos A. Díaz (61), Oreste V. Padovan (60) y el civil adscrito Ricardo R. Lardone (64) fueron condenados también a reclusión perpetua. El Teniente Coronel Hermes Rodríguez (75) y el Capitán Jorge E. Acosta (62) recibieron una pena de 22 años de cárcel y el suboficial Carlos A. Vega fue condenado a 18 años de prisión por no haberse probado su participación en los asesinatos. Como la figura de genocidio no está contemplada en el Código Penal argentino, los cargos imputados fueron: privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de las cuatro víctimas.

Terrorismo de Estado

Los cuatro militantes del PRT fueron secuestrados, con pocas horas de diferencia, y llevados a La Perla. Allí estuvieron cautivos durante 38 días para ser asesinados a quemarropa en una esquina transitada de la ciudad de Córdoba. Estos simulacros de enfrentamiento eran un modus operandi que los represores utilizaban para “blanquear” los asesinatos. Después del simulacro, los cuerpos pasaron por el hospital militar, la morgue y finalmente fueron enterrados clandestinamente en el cementerio de San Vicente de la capital cordobesa.
 En 2002, Valeria y Soledad, hijas de Hilda Flora Palacios se constituyeron en querellantes junto a Hijos (Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones políticas de Córdoba para avanzar hacia el juzgamiento de los responsables de aquellos crímenes. En la misma época el Equipo Argentino de Antropología Forense inició sus investigaciones en Córdoba con el objetivo de identificar los enterramientos clandestinos y recuperar los cuerpos de los desaparecidos. En 2003 identificaron los restos del primero de una larga lista: Mario Osatinsky. Al año siguiente, en otra fosa del mismo cementerio, fueron hallados los restos de Hilda Flora que presentaban numerosos impactos de balas. Esta identificación fue una prueba irrefutable y contundente de la causa que cuatro años después llevaría a la cárcel a Menéndez.
Durante dos meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba llevó adelante las audiencias donde declararon 30 testigos, muchos de ellos sobrevivientes del terrorismo de Estado. “La Perla fue una máquina de la muerte” dijo Piero Di Monte durante su testimonio. Allí los detenidos debían sobrevivir a todo tipo de torturas físicas y psíquicas, eran salvajemente golpeados para que se despojaran de todo cuanto supieran y luego conducidos a la muerte. Recordando lo que toda su vida intentó olvidar, la sobreviviente Liliana Callizo explicó al tribunal que la tortura era “una sola, constante, permanente, completa y llevada a cabo por todos”. En este campo no había límites, llegaron a torturar y fusilar a embarazadas y jóvenes de 16 años. Como lo retrataron numerosos sobrevivientes, los genocidas se sentían dueños de la vida y de la muerte.

El largo camino de la justicia

En 1983, con el retorno de la democracia, se realizaron los primeros pasos para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Con la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) y el histórico juicio a los Comandantes de la Junta, la joven democracia daba señales de no permitir la impunidad de los genocidas. Sin embargo, el levantamiento militar en la Semana Santa de 1987 originó la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que consagraron la impunidad de centenares de militares. De esta manera, el gobierno de la Unión Cívica Radical, encabezado por Raúl Alfonsín cedió ante las presiones militares pese al rechazo generalizado de la sociedad. En 1990, los jerarcas de la dictadura fueron indultados por el presidente de entonces, Carlos Menem. Entre los beneficiados se encontraba Menéndez, quién recibió el perdón presidencial dos semanas antes de que comenzara lo que hubiese sido el primer juicio en su contra.
A pesar de la impunidad reinante, los organismos de Derechos Humanos siguieron luchando y luego de transitar por varios tribunales internacionales lograron que la justicia argentina permitiera una hendija para avanzar sobre el pasado de la dictadura. En 1998, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le hiciera una recomendación al Estado argentino, se abrieron los juicios “por la verdad histórica” limitados exclusivamente a investigar el destino de los desaparecidos pero sin posibilidad de culpar a sus responsables.
Las masivas movilizaciones que cada 24 de marzo convocan los organismos de Derechos Humanos acrecentaron la necesidad de poner fin a la injusticia y en diferentes tribunales del país se agolparon reclamos exigiendo la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En ese sentido se fueron pronunciando diferentes jueces hasta que en 2005 el Congreso de la Nación, a través de un proyecto motorizado por el entonces presidente Néstor Kirchner, decidió anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. De esta manera, y luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la inconstitucionalidad de las leyes, la justicia reactivó las causas contra los represores.
En tantos años de impunidad quedaron sin ser juzgados tres de los implicados en la causa de los asesinatos de los cuatro jóvenes del PRT. Cesar Emilio Anadón, Arturo Gumersindo Centeno y Ricardo Andrés Luján seguramente hubiesen recibido una pena similar a la de sus camaradas, pero para la historia quedarán “absueltos por fallecimiento”.

Desde Córdoba, Argentina,
Martín Notarfrancesco,
miembro de la agrupación Hijos.

Para más información sobre el juicio consultar: www.eldiariodeljuicio.com.ar

 

 

Menéndez: dueño de la vida y la muerte
en 10 provincias argentinas

Caracterizados por su afición a desestabilizar el orden democrático y despreciar a las clases populares, los Menéndez arrastran una tradición familiar dentro del Ejército argentino. El padre y el tío abuelo de Luciano Benjamín Menéndez fueron destacados soldados a la hora de fusilar trabajadores y atentar contra diversos gobiernos democráticos. “Cachorro”, como se lo conoce a Menéndez, llegó a ser general e imprimió su doctrina a la hora de ejercer el mando. Una de sus políticas mas célebres fue el “pacto de sangre” que obligaba a todos los oficiales y suboficiales a participar en, al menos, una ejecución.
Menéndez hizo todo lo posible para que Argentina y Chile entraran en guerra en 1978 por el conflicto del Beagle. Sus célebres palabras arengando a sus subordinados lo describen de cuerpo entero: “Si nos dejan atacar, a los chilotes los corremos hasta la isla de Pascua, el brindis de fin de año lo haremos en el Palacio de La Moneda y después iremos a mear el champagne en el Pacífico”.

MN

 

 

 


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