Jujuy: resistencia ciudadana contra la minería a cielo abierto
Desde Tilcara contra las transnacionales
Conciencia: dos mil personas, casi la mitad de los habitantes de esta bella población de la puna jujeña, se movilizaron contra las transnacionales empeñadas en explotar minas a cielo abierto. La empresa suizo-canadiense Uranio del Sur había pedido autorización a las autoridades provinciales de Jujuy, lindante con Bolivia, para comenzar con tareas de cateo en más de nueve mil hectáreas de El Amarillo, territorio ubicado en plena quebrada humahuaqueña. Tilcara enfrentó la política provincial y nacional en favor de las multinacionales. Ya conoce los efectos devastadores de la minería a cielo abierto y se organiza para impedir la instalación de la transnacional. Empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón encabezan decenas de proyectos mineros de este tipo en casi todas las provincias del país.
Cuando en 2003 se conoció la resolución de la Unesco que declaró Paisaje Natural y Cultural a la Quebrada de Humahuaca, incorporándola a la lista de sitios considerados Patrimonio de la Humanidad, los pobladores de la región se preguntaban qué beneficios les traería ese nuevo estatus. Desconfiaban porque no habían sido consultados y muchos afirmaban que se trataba sólo de una oportunidad para el negocio turístico que aprovecharían unos pocos.
A partir del trámite iniciado para la instalación de al menos dos explotaciones mineras de uranio en pleno centro geográfico de la Quebrada, en las últimas semanas de julio y las primeras de agosto, el tema ha vuelto a instalarse en las calles y en los mercados de Tilcara y otras localidades quebradeñas.
Comunidades campesinas y originarias, junto a las poblaciones de los principales pueblos de la zona, pelean para que se anule de manera definitiva el trámite iniciado en junio por la empresa Uranio del Sur Sociedad Anónima. Esta multinacional suizo-canadiense solicitó al Juzgado Administrativo de Minas de la provincia de Jujuy la autorización para comenzar con tareas de cateo en más de nueve mil hectáreas de El Amarillo, territorio ubicado entre Juella, seis kilómetros al Norte de Tilcara, y la Quebrada de Yacoraite, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.
El reclamo de las comunidades fue acompañado desde el primer momento por el municipio de Tilcara que tiene jurisdicción sobre la mayor parte del terreno involucrado. El Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó el 8 de julio una ordenanza mediante la cual se prohíbe “la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto” y aquellas que utilicen sustancias como cianuro, mercurio y otras, especialmente las referidas al uranio. La ordenanza prevé también la realización de una consulta popular como “instancia obligatoria previa” para la autorización de actividades de este tipo. Dos días después, la Comisión Municipal de Huacalera, ubicada a 15 kilómetros al Norte de Tilcara y perteneciente al departamento de Humahuaca, dictó otra resolución en la que rechaza “terminantemente la explotación del mineral uranio”.
Si bien nadie niega la importancia de estas declaraciones, es difícil imaginar su efecto real en el marco de un plan provincial de desarrollo de la minería impulsado por el gobierno de Walter Barrionuevo en sintonía con una política de Estado encarada por el Ejecutivo nacional. Actualmente, empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón encabezan decenas de proyectos mineros en casi todas las provincias del país.
Aun así, sabiendo que la pelea será ardua y prolongada, en la Quebrada hay voluntad de sostenerla. En las últimas semanas de julio, vecinos autoconvocados de Tilcara presentaron una acción de amparo y medida precautoria contra el Estado provincial pidiendo que se abstenga de otorgar permisos administrativos de cateo y de exploración y explotación minera a cielo abierto. Por su parte, el diputado provincial Pablo Baca impulsa un proyecto de ley para limitar la actividad minera en todo el territorio de Jujuy.
La primera de las acciones que permitió que el tema ganara espacio en los medios de comunicación fue una movilización en Tilcara que el pasado 10 de julio reunió a unas dos mil personas, número significativo si se tiene en cuenta que la localidad tiene algo más de cinco mil habitantes.
Representantes de comunidades indígenas y campesinas, organizaciones sociales, escuelas, familias, copleros, artesanos, funcionarios comunales e incluso turistas, se reunieron frente a la Municipalidad (Alcaldía) de Tilcara para participar de una reunión organizada con la jueza Administrativa de Minas, Cristina Lucas de Durruty, el secretario de Turismo y Cultura de la provincia, Jorge Noceti, el director de Minería, Martín Sánchez, y el director de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, Miguel Thomann, entre otros funcionarios provinciales y comunales. El encuentro, que incluyó momentos de tensión, exagerados luego por la prensa local, culminó con la firma de un acta en la cual los funcionarios provinciales se comprometieron a “suspender totalmente la tramitación de los expedientes”, aunque la Jueza Durruty redactó su propio apartado aclarando que dictaría “las medidas correspondientes en los plazos legales correspondientes”.
Una semana después, Durruty remitió los expedientes a la secretaría de Turismo y Cultura de la provincia para que ésta elaborara un informe técnico, y el secretario Noceti informó que haría las consultas correspondientes al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco. Este organismo ha intervenido en numerosos casos similares, como los del Parque Nacional Nahanni, en Canadá, y el Parque Nacional Kakadu, en Australia. De todos modos, sólo puede hacer recomendaciones a los gobiernos locales y si las autoridades no suspenden las acciones que ponen en peligro a los sitios patrimoniales, el Comité simplemente los elimina de la lista.
Saqueo y contaminación
Uranio del Sur presentó por lo menos otros tres pedidos de cateo en Yavi, Cochinoca y Rinconada, todas localidades de la Puna jujeña que se suman a una veintena de proyectos similares en otras zonas de la provincia. Esta multinacional es una subsidiaria de la empresa Uranio AG, con sede en Basilea, Suiza, cuyo accionista mayoritario es la minera canadiense Rome Resources, con sede en Vancouver. Uranio AG es titular de 22 establecimientos mineros en las provincias de La Rioja y San Luis, en un total de casi 200 mil hectáreas.
La eventual explotación de uranio en la Quebrada provoca miedo. En las escuelas de Juella y Tilcara se organizaron reuniones informativas con la participación de especialistas que explicaron que el gas radón, emitido durante la extracción del mineral, es altamente radiactivo, no tiene humo, olor ni color y una millonésima parte de un gramo de plutonio provoca cáncer. Estos efectos se repiten en todas las mezclas de uranio: natural, enriquecido y empobrecido.
Los quebradeños no necesitan de tantas explicaciones técnicas para entender que la minería puede significar una catástrofe. La mayoría de los pobladores vive de la tierra, criando en sus parcelas los cultivos andinos, las verduras y las frutas tan apreciadas por los visitantes de las grandes ciudades. El agua, escasa, es aprovechada a través de canales y acequias, cursos que en algunos casos siguen hoy los caminos trazados por los habitantes originarios de la región, 10 mil años atrás. La minería no solamente contamina los ríos y arroyos superficiales y secundarios, sino que además requiere la utilización de una cantidad de agua difícil de concebir: los expertos hablan de al menos 500 litros por segundo.
Según el censo nacional de 2001, el 44% de la población de la Quebrada de Humahuaca es rural, y el Censo Agropecuario de 2002 registró más de 2.500 explotaciones agropecuarias en la región, distribuidas en más de 120 mil hectáreas. Pero también aquellos que viven en los pueblos y se dedican al comercio o los servicios tienen una relación ancestral con la tierra.
Otras acciones de resistencia civil
El 7 de agosto, en sesión de la Cámara de diputados de La Rioja , fue derogada la ley (promulgada en marzo de 2007) que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias contaminantes. Hace más de un año vecinos autoconvocados están instalados a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar para impedir que la multinacional Barrick Gold lleve adelante su Proyecto Famatina. A comienzos de julio pasado, habitantes de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, rechazaron la instalación en esa ciudad de una mina de uranio, en una votación informal que contó con el aval del jefe comunal luego de que la Justicia prohibiera la realización de una consulta popular. Por esos mismos días, la firme oposición de vecinos de Metán, en Salta, a la radicación de una explotación minera en la zona, provocó que la empresa británica Alexander Gold Group LTD anunciara la suspensión de su proyecto de explotación minera de cobre y plata a causa de la “inseguridad jurídica y la falta de interés” de las autoridades salteñas.
En Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y otros países de América Latina también se multiplican las acciones de resistencia a la minería. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el arsénico y los metales pesados utilizados por la industria minera “contaminarán tarde o temprano el agua de la región” utilizada para el trabajo rural y el consumo humano. El continente latinoamericano concentra más del 40% de la inversión minera mundial.
Desde Tilcara, Jujuy,
Gabriela Tijman
|
