Doble poder

Por Luis Bilbao

Todo es confuso por el momento. Y es previsible que el desenlace, sea cual fuere, demorará más de lo que los protagonistas pretenden. Pero algo es seguro: México culminó el prolongado período de asimilación a Estados Unidos y, consumado el fracaso, partido en dos, vuelve con rumbo Sur.
Observadores cercanos y protagonistas directos confirman un dato clave: ni el Partido de la Revolución Democrática ni su candidato, Andrés Manuel López Obrador, previeron o planificaron esta dinámica y su imprevista concreción: la insurgencia de las masas y la conformación de un gobierno paralelo.
Es preciso pensar dos veces este concepto: un gobierno elegido en Asamblea con 1.025.174 participantes registrados (hubo muchos más que no llegaron a firmar las planillas), muestra una fractura vertical de la sociedad mexicana; y dado que cada parte denomina “gobierno” a la conducción política que reconoce, es obvio que la fractura pone a las dos partes en línea de colisión. Por lo demás, y aunque parezca un juego de palabras, la deducción es obvia: si hay dos gobiernos, es que en México no hay gobierno.
Existen muchos antecedentes de casos de doble poder. Pero no como éste: aquí no se trata de dos fracciones del capital en lucha por el control del Estado burgués (en la que una de ellas puede contar con respaldo de un sector de la población), ni tampoco de la figura clásica que mediante Asambleas de masas o centros de poder militar insurgente, establece un polo contrario a ese Estado.
En la inesperada crisis de México, en cambio, confluyen dos factores potentísimos que atraviesan América Latina de Norte a Sur: la rebelión de explotados y oprimidos con demandas de lejos demoradas, una y otra vez frustrados en su búsqueda de representación política para llevar a cabo cambios revolucionarios, y la fractura de las burguesías. Ésto último se evidenció en sucesivos acontecimientos y plasmó con el choque entre el Mercosur y Estados Unidos en la cumbre de las Américas, el año pasado en la ciudad argentina de Mar del Plata.
En materia de análisis político las comparaciones son tan necesarias como peligrosas. Con tal prevención, será útil cotejar este caso con la Argentina de fines de 2001 y comienzo de 2002, cuando, como en México ahora, colapsó el experimento de superexplotación denominado “neoliberalismo”. Si bien ambos fenómenos tienen en la raíz la política impuesta por Estados Unidos a sus respectivos gobiernos, la comparación alumbra por las diferencias de cada caso: en Argentina no hubo doble poder; y, pasado el primer momento de confusión, la parte beligerante no se salió del cauce institucional.
En el país del extremo Sur ocurrió sí una honda fractura del capital y en un momento dado, diciembre de 2001, una de las fracciones confluyó con una sublevación de masas alentada por quienes luego se harían con el poder. El fenómeno de las Asambleas ocupó el centro del escenario y durante casi un mes, entre el 19 de diciembre de 2001 y mediados de enero de 2002, mientras cinco presidentes diferentes ocupaban la primera magistratura de la Nación, en lugar de doble poder hubo un ostensible vacío de poder.
Los riesgos planteados por tal situación paralizaron los reflejos de los sectores económicos desplazados (el capital financiero, la oligarquía terrateniente y las transnacionales, como bloque aferrados a la política económica denominada “neoliberalismo”). La intervención de la jerarquía eclesiástica –único centro estable en momentos en que se desmoronaban todas las instituciones– volcó el fiel de la balanza y el sistema recobró el equilibrio con Eduardo Duhalde como presidente, quien tomó dos medidas centrales, apuntadas a uno y otro de los dos factores que lo habían catapultado al gobierno: una feroz devaluación del 400% (que aún está en la base de la reactivación económica y la extraordinaria transferencia de ingresos a favor del llamado “capital nacional”), y la concesión de subsidios a dos millones de familias arrojadas a la indigencia. El resto de la historia es conocido: un nuevo bloque económico-político de poder se estabilizó y resolvió la coyuntura; el movimiento social que produjo el cambio se esfumó, cooptado por el nuevo elenco gobernante.
Ahora bien ¿puede ocurrir algo semejante en México? Difícilmente. Porque en el caso argentino el desplazamiento del poder ocurrió a expensas de los intereses económicos y sobre todo estratégicos de Estados Unidos; y porque el movimiento social, cuya consigna “que se vayan todos” indicaba a la vez radicalidad y ausencia de consistencia, en apenas meses, más que admitir saludó y respaldó el retorno de casi todos.
Ninguna de estas hipótesis es pensable en México. Estados Unidos no puede observar pasivamente cómo un país de la gravitación estratégica de México, se suma al movimiento de convergencia suramericana que avanza a buen paso en el resto de la región. Menos aún cabe prever una plácida reasimilación de los sectores sociales que proclamaron un gobierno paralelo al régimen conducido por quienes están traduciendo al castellano las disposiciones de la Casa Blanca.
No se trata de desenlaces dramáticos e inmediatos. Pero ésa es la magnitud y ése el carácter de este acontecimiento que invierte el sentido en la línea de marcha de aquel gran país.


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