La polémica ley SB1070 con la que se criminaliza a los indocumentados en Arizona (Suroeste del país) entró en vigencia en la medianoche de este jueves, luego de que sus puntos más polémicos fueran bloqueados por la jueza federal Susan Bolton, que ordenó horas antes suspender la revisión del estatus migratorio de personas "sospechosas" que hayan sido detenidas por alguna otra razón.

La orden deja también sin efecto el punto que exigía a los inmigrantes portar la documentación que los acredita como residentes legales.

Este punto, también declaraba como ilegal que inmigrantes indocumentados soliciten empleos en espacios públicos, como suelen hacer albañiles y jardineros en estacionamientos de tiendas estadounidenses.

Pese a que la polémica normativa rechazada y considerada por varios sectores de la sociedad como discriminatoria, fue bloqueada en algunos de sus artículos quedan otros puntos que siguen poniendo en riesgo a los inmigrantes de Arizona, puesto que desde este jueves será un delito detener un vehículo para recoger diariamente jornaleros, que en su mayoría son ciudadanos mexicanos.

Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, señalo tras la orden de la jueza Bolton, que la decisión de ésta es "sólo una piedra en el camino".

Asimismo, el alguacil del condado de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, quien advirtió este miércoles que no tolerará actos de "desobediencia civil" en la ciudad contra la discriminatoria ley, ha anunciado para este jueves aplicar redadas contra los inmigrantes.

Desde Washington, funcionarios del Gobierno del presidente Barack Obama consideraron que la jueza actuó "correctamente".

Se prevé que el dictamen de la jueza Bolton permita que el Gobierno estadounidense logre demostrar durante el juicio por la demanda que el Departamento de Justicia ha presentado contra el estado de Arizona, la inconstitucionalidad de los aspectos de la ley al argumentar que la ley está usurpando las funciones exclusivas de la administración federal.

El portavoz del Departamento de Justicia, Hannah August, explicó que "aunque entendemos la frustración de la gente de Arizona con el fallido sistema de inmigración, retazos (de leyes) de políticas locales y estatales interrmpirían seriamente el trabajo federal sobre inmigración y al final sería contraproducente".

"Revisaremos de cerca cada elemento que la jueza (Susan) Bolton removió de la ley y pronto presentaremos una apelación expedita ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos", agregó.

August informó que el Gobierno de Barack Obama desplegará a partir del 1 de agosto de este año a mil 500 soldados de la la Guardia Nacional de ese país con el objetivo de "reforzar" la seguridad fronteriza.

La SB1070 fue aprobada por el parlamento estatal de mayoría republicana y sancionada el pasado mes de abril por la gobernadora Jan Brewer, del Partido Republicano.

El Gobierno estatal presentó una contrademanda argumentando que no usurpa sino "complementa" el trabajo del Gobierno federal, mientras que aseguró que sus 15 mil oficiales de policía podrían ayudar al arresto de inmigrantes indocumentados.

Los detractores de esta ley han señalado en varias oportunidades que la discriminatoria ley provocaría actos racistas por parte de los cuerpo de seguridad.

Arizona que limita con México se convertió este jueves en el primer estado de EE.UU. que declarara ilegal la inmigración de personas que no posean documentos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado de discriminatoria la ley al considerar que esta normativa que está hecha en contra, particularmente "de los inmigrantes y la población latina de los Estados Unidos (EE.UU.)".